Seguridad nacional 2025

La seguridad nacional en México es un terreno marcado por tensiones: entre las amenazas globales y las locales, entre la confianza y la desconfianza en las instituciones, y entre la exigencia de proteger derechos humanos y la presión de garantizar la seguridad.

En el plano internacional, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el mundo endureció las medidas de seguridad en aeropuertos, fronteras y aduanas. Hoy, más de la mitad de los encuestados (52%) considera sentirse seguro con estas medidas. Un 25% considera que estas medidas no han cambiado la seguridad y solo un 23 % consideran que actualmente es mas inseguro viajar.

De las personas que se sienten más seguros, el 53% considera que estas medidas han sido necesarias y efectiva, sin embargo, entre los que consideran que la seguridad no se ha visto afectada o es mas inseguro un sector no menor advierte riesgos colaterales: 25% teme que estas prácticas puedan derivar en discriminación y 14% señala afectaciones a la privacidad. Estos porcentajes, aunque aparentemente menores, ponen de relieve un dilema que sigue vigente más de dos décadas después de aquel episodio: la delgada línea entre protección y vigilancia excesiva.

Cuando se trata de México, el diagnóstico ciudadano es habla por si mismo. El crimen organizado representa la mayor preocupación en temas de seguridad (59%), muy por encima de amenazas como desastres naturales (16%), narcotráfico (11%) y otras amenazas globales como el terrorismo (9%) o los ciberataques (5%). Esto refleja un enfoque eminentemente local: los ciudadanos priorizan lo que afecta directamente su vida diaria.

A pesar del impacto creciente de fenómenos como el crimen digital o los desastres naturales, la violencia ligada al crimen organizado continúa siendo la herida más visible y dolorosa.

El gran obstáculo, sin embargo, no es solo la magnitud de las amenazas, sino la falta de confianza en las instituciones encargadas de enfrentarlas. Apenas un 34% confía en ellas, mientras que casi la mitad (49%) directamente desconfía.

La percepción dominante es que México no está preparado para responder ante crisis de seguridad nacional: apenas 19% cree en la capacidad institucional, asegurando que hay preparación en algunas áreas clave y que existe una red estructurada para responder adecuadamente, contra un 57% que considera que no existen estrategias claras ni recursos suficientes. En otras palabras, el ciudadano promedio no solo percibe la amenaza, sino también la fragilidad del Estado frente a ella.

Lo más significativo es que esta falta de confianza no se limita a la acción gubernamental inmediata, sino que evidencia un problema estructural: la desconexión entre políticas públicas y percepciones ciudadanas. Por ejemplo, mientras las autoridades presumen planes y operativos de seguridad, buena parte de la sociedad siente que la vulnerabilidad sigue siendo generalizada.

La seguridad, en este sentido, no se mide únicamente por estadísticas de homicidios o detenciones, sino por la sensación cotidiana de protección. Y si esa percepción no cambia, ningún indicador podrá compensar la pérdida de legitimidad.

En este contexto, surge la pregunta ética y política de fondo: ¿qué debe priorizar el gobierno? Para la mayoría (47%), los derechos humanos deben mantenerse como eje rector, pero equilibrados con la seguridad nacional.

Otro 38% considera que los derechos deben siempre priorizarse, incluso frente a riesgos. Apenas un 15% coloca la seguridad por encima de todo. Este hallazgo resulta interesante: incluso en un país asediado por la violencia, la ciudadanía parece rechazar las salidas autoritarias. La demanda no es por un Estado más duro, sino por un Estado más eficaz y respetuoso.

Esta información revela, en suma, una paradoja: México enfrenta amenazas graves y crecientes, pero carece de confianza social y de estrategias percibidas como efectivas para enfrentarlas. La ciudadanía exige seguridad, sí, pero no a cualquier costo.

El reto de la política de seguridad nacional, por tanto, no es únicamente neutralizar riesgos, sino hacerlo sin erosionar los derechos que definen la vida democrática. Si el país no logra cerrar la brecha entre discurso oficial y percepción social, las amenazas no solo se mantendrán, sino que seguirán minando la confianza en las instituciones que deberían garantizar nuestra protección.