
Foto: Cuartoscuro
Un recuento de El Universal muestra que la violencia contra autoridades locales se disparó en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La crisis de violencia en México se ha profundizado en los últimos años y sus impactos más visibles suelen manifestarse lejos de las grandes ciudades.
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Es en los municipios rurales, serranos y periféricos donde la disputa por el territorio, las rutas y el control social enfrenta a grupos criminales con autoridades locales, dejando a los gobiernos municipales expuestos y vulnerables.
El caso más reciente es el de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025.
Manzo encabezaba el llamado Movimiento del Sombrero y sostenía una estrategia de seguridad enfocada en enfrentar directamente al crimen organizado.
Su homicidio provocó conmoción nacional por tratarse de una figura local con respaldo social amplio.
Durante la sesión en la que su esposa, Grecia Quiroz, fue designada como presidenta municipal sustituta, el diputado local Guillermo Valencia Reyes (PRI) lanzó un duro señalamiento sobre el patrón de violencia contra autoridades municipales:
“Hoy me duele mucho saber que se convirtió en un número más de esos que para el gobierno son estadísticas. Van 97 presidentes municipales ejecutados desde que llegó el gobierno anterior, no daré nombres para que no se sientan ofendidos. (…) Es el décimo presidente municipal ejecutado en lo que va del actual gobierno. 97 ya, si sumamos los 87 del gobierno anterior. En contraste con los 30 del gobierno inmediato al anterior y 47 de ese gobierno que dicen que trajo la guerra a Michoacán”, comentó.
Ante este escenario, el diario El Universal realizó un recuento histórico de los asesinatos de alcaldes y presidentes municipales desde 2000 hasta 2025, revelando en qué sexenios se ha registrado el mayor número de casos.

De acuerdo con el recuento elaborado por El Universal, los gobiernos federales con más homicidios de alcaldes en los últimos 25 años son los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos marcados por el avance y fragmentación de grupos criminales tras la implementación de estrategias militares y de contención territorial.
En el sexenio de Vicente Fox se registraron 4 asesinatos de alcaldes, cuando la violencia contra autoridades municipales aún no se configuraba como un fenómeno nacional, sino como hechos focalizados y esporádicos.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, el número aumentó de manera significativa, con 37 alcaldes asesinados, en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y la militarización de la seguridad pública.
En este periodo, los municipios se convirtieron en territorios de disputa directa entre fuerzas del Estado y organizaciones criminales.

El sexenio de Enrique Peña Nieto registró 42 asesinatos de alcaldes, la cifra más alta del recuento.
Este aumento se relaciona con la fragmentación de grandes cárteles y el surgimiento de células locales que comenzaron a disputar control político, económico y social en regiones completas del país.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador se documentaron 26 asesinatos de alcaldes, una cifra menor que la de los dos sexenios anteriores, pero que mantiene la tendencia de violencia focalizada en municipios de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, principalmente.

En los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum, 10 alcaldes han sido asesinados.
El caso de Carlos Manzo es el más reciente y ha reabierto el debate público sobre la protección de autoridades municipales.

El recuento muestra que el asesinato de ediles no es un hecho aislado ni circunstancial, sino un fenómeno estructural vinculado a la disputa territorial entre grupos criminales, la debilidad de las instituciones locales, la limitada capacidad de los municipios para construir cuerpos policiales propios y la presión directa —económica o violenta— que las organizaciones delictivas ejercen sobre quienes gobiernan.
En amplias regiones del país, ser presidente municipal implica tomar decisiones de seguridad y presupuesto en condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que convierte a estas figuras en uno de los blancos más recurrentes y desprotegidos dentro del Estado mexicano.