La Constitución como garante de la soberanía nacional y protección de los derechos constitucionales

En México, la Constitución sigue siendo el documento más citado y, paradójicamente, uno de los menos creídos. Invocada en discursos oficiales, ceremonias cívicas y debates políticos, su figura se mantiene como símbolo de soberanía y legalidad.

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Sin embargo, en la percepción cotidiana, ese pacto fundamental parece habitar más en el terreno de la retórica que en el de la experiencia tangible.

La distancia entre lo que la Constitución promete y lo que la ciudadanía percibe como realidad jurídica revela una crisis silenciosa: la erosión de la confianza en el Estado de Derecho.

Cuando se evalúa si las instituciones mexicanas hacen cumplir la Constitución de manera efectiva, la opinión pública no concede un voto de confianza claro.

Solo 13% considera que sí se aplica de forma efectiva, mientras que 46% opina que solo se cumple en algunos casos. Más contundente aún, 23% afirma que rara vez se hace valer, y 18% sostiene que casi nunca.

La suma de estas percepciones configura un diagnóstico severo: para la mayoría, la Constitución no opera como un marco normativo uniforme, sino como un instrumento de aplicación irregular.

La ley existe, pero su ejecución parece depender de coyunturas políticas, intereses particulares o capacidad de presión.

La percepción sobre la fortaleza de las instituciones encargadas de hacer valer la Constitución tampoco es alentadora.

Apenas 16% considera que se han fortalecido en los últimos años, frente a un 37% que cree que se han debilitado. El grupo más amplio, 42%, percibe que se mantienen igual, lo que en términos políticos equivale a reconocer un estancamiento.

Este equilibrio entre debilidad y parálisis institucional sugiere que el problema no se limita a una coyuntura específica, sino que se ha vuelto estructural.

Las instituciones no colapsan, pero tampoco logran consolidarse como garantes incuestionables del orden constitucional.

Al identificar el principal factor que debilita el cumplimiento de la Constitución, la respuesta es abrumadora. 66% señala a la corrupción, muy por encima de la politización de las instituciones (9%), el desconocimiento ciudadano de sus derechos (11%) y la impunidad (14%).

Este dato pega duro por dos razones. Primero, confirma que la corrupción se percibe como el eje que distorsiona todo el sistema jurídico.

Segundo, muestra que la ciudadanía identifica con claridad que el problema no es la falta de normas, sino la incapacidad —o falta de voluntad— para aplicarlas.

En otras palabras, el desafío no es constitucional, sino político y moral.

Cuando se pregunta qué debería hacerse para fortalecer la Constitución y el Estado de Derecho, la respuesta dominante es clara: 55% exige hacer cumplir la ley sin excepciones. Muy por detrás aparecen proteger los derechos humanos (22%), fortalecer las instituciones (14%) y mayor educación cívica (9%).

Esta jerarquía revela un hartazgo con la selectividad en la aplicación de la justicia. La demanda no es de nuevas leyes ni de reformas grandilocuentes, sino de algo más básico y, a la vez, más difícil: consistencia.

Finalmente, cuando se evalúa qué tan bien protege la Constitución los derechos de las personas, la respuesta confirma el clima de escepticismo.

Solo 11% cree que protege plenamente, mientras que 45% considera que lo hace parcialmente. En contraste, 24% opina que protege poco y 20% afirma que no protege en absoluto.

En conjunto, 44% percibe una protección insuficiente o inexistente, lo que pone en entredicho la eficacia real del pacto constitucional.

La Constitución sigue siendo un referente normativo, pero no necesariamente un escudo efectivo para la ciudadanía.

El retrato que emerge es el de una Constitución respetada en el discurso, pero debilitada en la práctica.

Su autoridad moral persiste, pero su capacidad de garantizar derechos se percibe cada vez más limitada por la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional.

México no enfrenta una crisis de normas, sino de cumplimiento. La Constitución no necesita más páginas ni reformas simbólicas; necesita convertirse en una realidad operativa que no dependa de coyunturas ni de voluntades políticas.

Mientras eso no ocurra, seguirá siendo el gran pacto nacional que todos citan, pero pocos sienten que los protege.