Día mundial de la justicia social

Cada año, el calendario internacional recuerda la aspiración de construir sociedades más justas. En México, sin embargo, esa conmemoración funciona menos como celebración y más como diagnóstico. La justicia social —ese principio que promete igualdad de oportunidades, acceso a derechos y dignidad para todos— se percibe hoy como un horizonte lejano, no como una realidad en consolidación.

La percepción dominante revela un país donde las brechas sociales no solo persisten, sino que moldean la manera en que las personas interpretan su lugar en la estructura social.

Cuando se pregunta qué tan justo es México en términos generales, la respuesta es muy concluyente. Apenas 7% lo considera muy justo, mientras que 65% lo percibe como algo o poco justo, y 28% afirma que es nada justo.

La lectura muestra que 93% no percibe al país como plenamente justo, lo que constituye un juicio severo sobre el estado de la cohesión social. La justicia deja de ser una experiencia cotidiana y se convierte en una aspiración incompleta.

La percepción de desigualdad no se limita a un ámbito específico. Las personas identifican injusticias en múltiples frentes: desde la impartición de justicia (43%) hasta la salud (21%), los ingresos y salarios (12%), el empleo (12%), la igualdad de género (5%), la educación (3%) y el acceso a oportunidades (4%).

La injusticia no se percibe como un problema sectorial, sino como un sistema de desigualdades interconectadas que se refuerzan entre sí. La falta de oportunidades laborales se vincula con la desigualdad educativa; la precariedad salarial, con el acceso limitado a servicios de salud; y la impunidad, con la percepción de que las reglas no se aplican por igual.

Al evaluar si las oportunidades son iguales para todas las personas, la percepción vuelve a inclinarse hacia el escepticismo. La mayoría, un 56% considera que no existe igualdad real, ya sea porque solo se cumple en casos aislados o porque la mayoría de la población no tiene las mismas posibilidades.

Esta idea refleja una conciencia extendida de que el mérito individual no basta para superar barreras estructurales. En México, el punto de partida sigue determinando en gran medida el destino.

La responsabilidad del gobierno en la reducción de las desigualdades es reconocida de manera amplia. 38% considera que tiene mucha responsabilidad, y 41% que tiene algo de responsabilidad, lo que suma 79% que lo identifica como actor clave. Solo una minoría atribuye poca (14%) o ninguna responsabilidad (7%).

Este dato sostiene una expectativa clara: la justicia social no se percibe como un fenómeno espontáneo del mercado o de la sociedad civil, sino como una tarea que requiere intervención pública sostenida. Sin embargo, también implica que la evaluación del gobierno se vuelve el principal termómetro del avance o retroceso en este terreno.

La evaluación de la evolución reciente de la justicia social muestra un panorama dividido, pero inclinado hacia el desencanto. 52% considera que sigue igual, 34% que ha empeorado, y solo 14% cree que ha mejorado.

El predominio del estancamiento sugiere que los cambios, si existen, no han sido lo suficientemente visibles o transformadores para modificar la percepción colectiva. La justicia social no colapsa, pero tampoco avanza con la fuerza que la población espera.

Entre quienes perciben retrocesos, las causas señaladas apuntan nuevamente a factores estructurales: mala gestión gubernamental, persistencia de la desigualdad, aumento de la inseguridad, impunidad y corrupción. Estas variables configuran un círculo vicioso donde la falta de justicia alimenta la desconfianza, y la desconfianza debilita la legitimidad institucional.

Incluso entre quienes perciben mejoras, el optimismo se asocia a la existencia de nuevas políticas, mayor inclusión y ampliación de servicios, pero sin alcanzar una masa crítica que modifique la percepción general.

El retrato que emerge es el de un país donde la justicia social sigue siendo más aspiración que realidad. La mayoría reconoce avances parciales, pero también identifica estancamiento y retrocesos que impiden consolidar un piso mínimo de equidad.

México no enfrenta una falta de conciencia sobre la desigualdad; enfrenta una brecha entre diagnóstico y acción efectiva. Mientras las oportunidades sigan distribuyéndose de manera desigual y la confianza en las instituciones continúe erosionándose, la justicia social seguirá siendo un ideal conmemorativo, no una experiencia cotidiana.