
Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el Estado de México encabeza la lista nacional con más de mil 700 casos registrados

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) reportó un total de 6 mil 318 deudores alimentarios inscritos en su padrón nacional. La distribución por entidades federativas muestra una concentración significativa en el centro y occidente del país.

Según el reporte, el Estado de México ocupa la primera posición nacional con 1,758 deudores. Así lo detalla un análisis de Reporte Indigo.
Le sigue Aguascalientes con 1,285 registros y Michoacán en tercer lugar con 714 casos documentados.
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Este registro, creado a partir de la reforma de 2023 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como objetivo identificar a quienes incumplen con la pensión alimenticia para garantizar el sustento de los menores.
En contraste con estas cifras, las entidades de Colima y Sonora se mantienen como las únicas en el país que no presentan ningún registro de deudores alimentarios en la plataforma nacional hasta la fecha.
Detrás de los tres estados con mayor morosidad, otras entidades también reportan cifras relevantes en el registro oficial. Oaxaca suma 219 deudores, seguido de Zacatecas con 211, Tabasco con 191 y Chiapas con 189 registros. Asimismo, se encuentran Querétaro con 176, Durango con 144 y Nuevo León con 138 deudores inscritos.

Por el contrario, los estados que presentan la menor cantidad de deudores alimentarios, además de los casos con cero registros, son Sinaloa con apenas 2 registros, Tlaxcala con 9, y Baja California con 12 personas inscritas en el padrón.
Figurar en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias conlleva una serie de restricciones administrativas y legales diseñadas para incentivar el cumplimiento de los pagos. Las autoridades de los tres niveles de gobierno están facultadas para solicitar el certificado de no inscripción como requisito en diversos trámites.

Entre las principales limitaciones para los deudores destacan las siguientes:
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Esta herramienta permite a los Tribunales Superiores de Justicia compartir información de manera sistemática para mantener actualizado el registro y asegurar que el derecho a la alimentación y el desarrollo integral de la infancia no se vea vulnerado por la falta de recursos económicos.