Hablar hoy ¿Derecho o Riesgo? – 7 de Junio – Día Mundial de la Libertad de Expresión

La libertad de expresión suele considerarse uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Es el derecho que permite cuestionar al poder, debatir ideas, denunciar injusticias y participar activamente en la vida pública.

Sin embargo, en la práctica, la existencia formal de ese derecho no siempre garantiza que las personas se sientan completamente libres para ejercerlo.

En México, la conversación pública parece encontrarse justamente en ese punto de tensión: existe una percepción generalizada de que se puede opinar, pero también la sensación de que hacerlo puede traer consecuencias dependiendo del tema, el contexto o la audiencia.

En un país marcado por una creciente polarización política, una intensa actividad en redes sociales y una persistente crisis de seguridad para periodistas y comunicadores, la libertad de expresión se ha convertido en un tema que trasciende lo jurídico para instalarse en el terreno de las percepciones sociales.

La pregunta ya no es únicamente si existe el derecho a expresarse, sino qué tan cómodo o seguro se siente un ciudadano al ejercerlo.

La percepción sobre la libertad de expresión en México refleja un escenario lleno de matices. Aunque una mayoría considera que existe la posibilidad de opinar libremente, también predominan las reservas sobre los límites que pueden encontrarse en determinados contextos.

El grupo más numeroso, con 38%, considera que sí hay libertad para opinar sobre casi cualquier tema. Sin embargo, el resto de las respuestas revela una realidad mucho más cautelosa: 23% señala que muchas personas prefieren no opinar para evitar problemas, 21% afirma que todo depende del tema y del entorno en que se desarrolle la conversación y 18% considera que existen límites o restricciones en algunos temas.

La correlación de estas cifras revela una situación particularmente compleja. Aunque la percepción más frecuente reconoce la existencia de libertad de expresión, 62% de los encuestados introduce algún tipo de condicionante o reserva sobre su ejercicio pleno.

Esto sugiere que la discusión pública en México no gira alrededor de la existencia formal del derecho, sino sobre las consecuencias reales o percibidas de ejercerlo. La autocensura, el temor al conflicto social o la posibilidad de represalias parecen formar parte del cálculo cotidiano que muchas personas realizan antes de expresar una opinión.

Pocas cifras reflejan con tanta claridad el momento que vive el país como la identificación de los temas que generan mayor discusión entre los mexicanos.

Cuando se pregunta qué asunto provoca más debate actualmente, 74% señala la política y el gobierno, una proporción ampliamente superior a cualquier otra categoría. Muy por detrás aparecen los temas de seguridad y noticias de actualidad con 17%, mientras que los contenidos virales y tendencias digitales obtienen 5%, y los temas sociales y de derechos apenas 4%.

La distancia entre la política y el resto de los temas es extraordinaria. El hecho de que prácticamente tres de cada cuatro personas identifiquen la política como el principal detonador de debate revela hasta qué punto la conversación pública se encuentra atravesada por la confrontación política.

Este fenómeno resulta consistente con el contexto nacional de los últimos años. Los procesos electorales, las discusiones sobre reformas institucionales, la seguridad pública y la creciente polarización ideológica han trasladado buena parte del debate nacional a una lógica donde las posiciones políticas suelen convertirse en identidades difíciles de conciliar.

En consecuencia, hablar de política en México ya no implica únicamente discutir decisiones gubernamentales; para muchos ciudadanos significa posicionarse dentro de un entorno cada vez más polarizado.

La transformación digital ha modificado profundamente la forma en que las personas participan en la conversación pública. Hoy, gran parte del debate nacional ocurre en espacios virtuales donde las barreras de acceso son menores y la posibilidad de difundir opiniones es prácticamente inmediata.

La percepción ciudadana confirma esta realidad. 65% considera que las redes sociales son el lugar donde la gente se expresa con mayor libertad, una cifra muy superior a quienes mencionan las conversaciones personales (23%), los medios y espacios públicos (7%) o plataformas críticas y podcasts (5%).

La diferencia resulta significativa porque refleja una transformación estructural en la manera de ejercer la libertad de expresión. Durante décadas, la conversación pública estuvo dominada por medios tradicionales, instituciones académicas o espacios políticos. Hoy, las plataformas digitales se han convertido en el principal escenario donde los ciudadanos sienten que pueden expresar sus opiniones.

Sin embargo, esta mayor libertad percibida también plantea desafíos importantes relacionados con la calidad del debate, la desinformación y la polarización social.

La percepción sobre el impacto de las redes sociales en la libertad de expresión muestra una visión compleja y relativamente equilibrada.

La respuesta más frecuente, con 43%, sostiene que las redes sociales tienen aspectos positivos y negativos. Por su parte, 24% considera que ayudan a que más personas compartan su opinión, mientras que 19% cree que todo depende de cómo se utilicen. Finalmente, 14% opina que generan demasiadas críticas y ataques.

Estos resultados sugieren que la ciudadanía reconoce el enorme potencial democratizador de las plataformas digitales, pero también es consciente de sus riesgos. Las redes permiten que voces antes excluidas participen en la discusión pública, pero al mismo tiempo amplifican dinámicas de confrontación, desinformación y hostigamiento.

La coexistencia de estos beneficios y riesgos explica por qué la mayoría evita adoptar posiciones absolutas. Las redes sociales son percibidas simultáneamente como una herramienta de libertad y como una fuente potencial de conflicto.

Quizá el dato más revelador aparece al analizar qué consideran los ciudadanos que debe mejorar para fortalecer la libertad de expresión.

La respuesta dominante es clara: 56% considera que se necesita más respeto hacia opiniones diferentes. En segundo lugar aparece la creación de más espacios abiertos para escuchar todas las voces (23%). Más atrás se ubica mejor información y diálogo entre personas (16%) y la necesidad de mayor responsabilidad por parte de los usuarios (5%).

La lectura conjunta de estas cifras resulta particularmente interesante. La principal demanda no se dirige hacia nuevas leyes o mayores regulaciones, sino hacia una transformación cultural basada en la tolerancia y la capacidad de convivir con opiniones distintas.

Esto sugiere que, para buena parte de la ciudadanía, el problema principal no radica en la ausencia del derecho a expresarse, sino en el deterioro de las condiciones sociales para sostener conversaciones respetuosas en medio de la diferencia.

La relevancia de esta preocupación adquiere mayor peso al considerar que, según datos de ARTICLE 19, las agresiones contra la prensa en México crecieron más de 62% durante el último sexenio. La libertad de expresión enfrenta así desafíos que van desde la confrontación digital hasta riesgos reales para quienes ejercen actividades informativas.

El panorama que emerge muestra una sociedad que reconoce la existencia de la libertad de expresión como un derecho fundamental, pero que al mismo tiempo percibe múltiples obstáculos para ejercerlo plenamente. La autocensura, la polarización política, la agresividad en redes sociales y la desconfianza hacia ciertos espacios de discusión forman parte de una realidad que condiciona la manera en que los mexicanos participan en la conversación pública.

La política concentra la mayor parte del debate nacional, mientras las redes sociales se consolidan como el principal espacio de expresión. Sin embargo, la ciudadanía parece entender que la verdadera fortaleza de la libertad de expresión no depende únicamente de la posibilidad de hablar, sino también de la capacidad colectiva para escuchar.

Porque en una democracia saludable, la libertad de expresión no consiste solamente en tener voz. También implica construir entornos donde las diferencias puedan discutirse sin que el desacuerdo se convierta automáticamente en confrontación, exclusión o temor. Y esa sigue siendo, quizás, una de las tareas pendientes más importantes para la sociedad mexicana contemporánea.