Estudio de percepción Nacional de la temporada de lluvias y huracanes

Durante décadas, las lluvias torrenciales, los huracanes y las inundaciones fueron considerados fenómenos extraordinarios. Hoy, la percepción social parece haber cambiado de manera significativa.

Los eventos climáticos extremos ya no son vistos como episodios aislados, sino como parte de una nueva normalidad que exige gobiernos más preparados, infraestructura más resiliente y una planeación urbana capaz de anticiparse a los riesgos.

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En México, donde cada año coinciden temporadas de sequía prolongada con lluvias cada vez más intensas, la ciudadanía comienza a interpretar ambos fenómenos como dos caras de un mismo problema. La discusión pública ya no gira únicamente en torno al cambio climático, sino sobre la capacidad institucional para administrar sus consecuencias. El debate se desplaza de la naturaleza hacia la gestión pública.

La percepción ciudadana muestra un cambio importante: cada vez menos personas atribuyen los daños exclusivamente a la fuerza del clima y cada vez más responsabilizan a la falta de mantenimiento, la infraestructura insuficiente y la ausencia de políticas preventivas.

Uno de los cambios más significativos que refleja la percepción ciudadana consiste en la manera en que hoy se entiende el comportamiento climático.

La comparación con los resultados de 2024 evidencia una transformación profunda. Hace apenas dos años, 73% de la población asociaba los principales problemas climáticos con las sequías, mientras que 27% identificaba a las lluvias como la principal afectación. La idea de que ambos fenómenos formaran parte de un mismo problema prácticamente no existía, pues 0% hablaba de un ciclo dual.

En contraste, para 2026 la percepción cambia de manera importante. Las afectaciones atribuidas exclusivamente a las sequías descienden hasta 15%, mientras que quienes consideran que el principal problema son únicamente las lluvias representan 19%.

Lo verdaderamente relevante es que 43% de los ciudadanos ahora identifica que ambos fenómenos conviven de manera permanente, entendiendo que México enfrenta un ciclo climático donde periodos de escasez de agua son seguidos por inundaciones cada vez más severas.

La correlación entre ambas mediciones permite observar un cambio de paradigma. La ciudadanía ha dejado de interpretar el clima como una sucesión de fenómenos aislados para asumir que el país enfrenta un patrón climático mucho más complejo y permanente. Esta nueva lectura modifica también las expectativas hacia las autoridades: si la sequía y las inundaciones forman parte del mismo ciclo, las soluciones ya no pueden ser temporales ni reactivas, sino estructurales y capaces de responder durante todo el año.

Otro de los hallazgos más relevantes aparece al analizar la narrativa utilizada con frecuencia para explicar las inundaciones.

La mayoría de los ciudadanos ya no considera que las lluvias recientes sean fenómenos completamente impredecibles. 47% afirma que son lluvias fuertes, pero previsibles, mientras que 21% considera que calificarlas como “atípicas” representa una forma de evitar responsabilidades institucionales. En conjunto, 68% rechaza la idea de que estos eventos constituyan una sorpresa inmanejable. En contraste, 24% sí considera que las precipitaciones llegan a superar cualquier pronóstico posible y 8% no tiene una opinión definida.

Más de dos terceras partes de la población consideran que las lluvias intensas forman parte de un fenómeno recurrente que debería ser anticipado mediante mejores sistemas de prevención y obras de infraestructura.
Este cambio de percepción modifica el centro del debate. La discusión ya no se concentra exclusivamente en la intensidad de las lluvias, sino en la capacidad de las autoridades para prepararse frente a eventos que la ciudadanía considera cada vez más previsibles.

Cuando los ciudadanos explican por qué consideran que México continúa siendo vulnerable durante la temporada de lluvias y huracanes, las respuestas muestran un cambio importante respecto a las prioridades identificadas apenas dos años atrás.

En 2024, la explicación dominante apuntaba principalmente hacia la falta de cultura preventiva, mencionada por 55% de los encuestados. Muy por debajo aparecían la deficiencia en infraestructura (18%), la ineficiencia del gobierno (13%) y las pérdidas materiales y humanas (6%) como las principales razones de la vulnerabilidad del país.

Para 2026, la percepción ciudadana se redistribuye de forma considerable. Aunque la falta de cultura preventiva continúa siendo el factor más mencionado, disminuye hasta 44%, mientras que la deficiencia en infraestructura prácticamente se duplica, al pasar de 18% a 41%. De igual forma, quienes atribuyen la falta de preparación a la ineficiencia gubernamental aumentan de 13% a 38%, y la preocupación por las pérdidas materiales y humanas crece de 6% a 19%.

La evolución de estas cifras resulta especialmente significativa. En 2024 predominaba una narrativa centrada en la responsabilidad individual y la prevención ciudadana; sin embargo, para 2026 la atención se desplaza hacia factores estructurales vinculados con la capacidad institucional.

El crecimiento de 23 puntos porcentuales en la percepción sobre las deficiencias de infraestructura y de 25 puntos en la evaluación negativa sobre la eficiencia gubernamental refleja una ciudadanía que considera que su vulnerabilidad ya no depende únicamente del comportamiento de las personas, sino del estado de la infraestructura pública y de la capacidad de los gobiernos para anticipar y gestionar las emergencias.

Este cambio fortalece una de las principales conclusiones del estudio: la población ya no percibe las consecuencias de las lluvias y los huracanes como hechos inevitables, sino como riesgos cuyo impacto puede reducirse mediante inversión, mantenimiento, planeación urbana y una gestión pública más eficaz.

Uno de los cambios más notorios en la percepción ciudadana aparece cuando se pregunta quién es el principal responsable de las inundaciones en calles y colonias. La evolución de las respuestas entre 2024 y 2026 refleja un cambio importante en la forma en que los mexicanos interpretan estos fenómenos.

En 2024, 31% de la población atribuía las inundaciones principalmente a la falta de mantenimiento y limpieza del drenaje, mientras que 20% responsabilizaba a la insuficiente infraestructura hidráulica en obras publicas. En menor medida, 11% consideraba que el problema era consecuencia del crecimiento urbano desordenado, y 38% señalaba directamente a la fuerza de la naturaleza, reflejando la intensidad de las lluvias como la causa principal.

Dos años después, la percepción mantiene prácticamente la misma jerarquía de factores, aunque con algunos cambios que resultan relevantes. Para 2026, la falta de mantenimiento y limpieza continúa siendo señalada como el principal problema con 52%. Sin embargo, la percepción sobre la falta de infraestructura hidráulica aumenta hasta 32%, consolidándose como el segundo factor más importante. Al mismo tiempo, quienes consideran que el crecimiento urbano desordenado explica las inundaciones se mantiene en 11%, mientras que la proporción que responsabiliza principalmente a la intensidad de las lluvias permanece baja drásticamente hasta un 5%.

La estabilidad de estos resultados ofrece una conclusión importante. A diferencia de otros temas donde la opinión pública cambia con rapidez, en este caso la ciudadanía ha mantenido una percepción consistente sobre las causas de las inundaciones.

Cerca de tres de cada cuatro personas (84%) consideran que el origen del problema se encuentra en factores que pueden atenderse mediante políticas públicas —mantenimiento e infraestructura— y no exclusivamente en las condiciones meteorológicas. En contraste, casi dos de cada diez mexicanos atribuye las afectaciones principalmente a la intensidad de las lluvias.

La población parece asumir que las lluvias intensas son un fenómeno inevitable; sin embargo, considera que las consecuencias más graves podrían reducirse mediante un sistema de drenaje funcional, inversión sostenida en infraestructura hidráulica y una mejor planeación del crecimiento urbano. En otras palabras, los ciudadanos distinguen cada vez con mayor claridad entre el fenómeno natural y la capacidad institucional para enfrentarlo.

Esta percepción representa un cambio de fondo en la conversación pública.

Las inundaciones dejan de entenderse como una fatalidad inevitable para convertirse en un indicador del estado de la infraestructura urbana y de la eficacia de la gestión gubernamental. Bajo esta lógica, la resiliencia de las ciudades ya no depende únicamente del clima, sino de la capacidad de anticipar riesgos y mantener en condiciones adecuadas los sistemas que permiten enfrentarlos.

Quizá el dato más revelador del estudio aparece al evaluar qué tan preparado consideran los mexicanos que se encuentra el país para enfrentar la temporada de lluvias y huracanes.

La respuesta predominante muestra un escenario de vulnerabilidad. 41% considera que México está poco preparado, mientras que 17% opina que no está preparado en absoluto. En conjunto, 58% mantiene una percepción claramente negativa sobre la capacidad nacional para responder ante este tipo de emergencias.

Por otro lado, 31% considera que el país está algo preparado, y únicamente 11% cree que México se encuentra muy preparado para enfrentar estos fenómenos.

La distribución de estas cifras refleja una diferencia importante entre conocimiento y capacidad.

La población parece reconocer que existen protocolos, alertamientos y campañas preventivas; sin embargo, considera que las condiciones materiales —infraestructura, drenaje, mantenimiento, obras hidráulicas y capacidad de respuesta— siguen siendo insuficientes para enfrentar eventos cada vez más frecuentes e intensos.

El problema ya no consiste únicamente en saber qué hacer cuando llega una emergencia, sino en contar con ciudades preparadas para resistirla.

El panorama que emerge muestra una transformación importante en la manera en que los mexicanos interpretan los fenómenos climáticos. Las lluvias intensas, las inundaciones y las sequías ya no son percibidas como hechos extraordinarios, sino como parte de una realidad permanente frente a la cual el Estado debe responder con mayor capacidad de planeación.

La población distingue claramente entre los efectos inevitables de la naturaleza y aquellos que pueden reducirse mediante infraestructura adecuada, mantenimiento constante y políticas públicas preventivas.

De igual forma, la narrativa de las “lluvias atípicas” pierde fuerza frente a una ciudadanía que considera estos eventos cada vez más previsibles y, por tanto, susceptibles de una mejor gestión.

En un contexto donde los efectos del cambio climático continuarán intensificándose, la percepción pública parece avanzar hacia una conclusión contundente: las emergencias naturales seguirán ocurriendo, pero las tragedias humanas y materiales no tendrían que repetirse con la misma frecuencia si existieran instituciones capaces de anticiparse a los riesgos.

Porque, al final, la resiliencia de un país no se mide únicamente por su capacidad para responder cuando llega la tormenta, sino por todo aquello que fue capaz de hacer antes de que comenzara a llover.