Violencia delictiva en México: ¿Qué piensan los mexicanos?

Hablar de violencia delictiva en México supone mucho más que hablar de homicidios, extorsiones o delincuencia organizada. La inseguridad también se mide en cambios de rutina, negocios que modifican sus horarios, familias que evitan determinados lugares, comerciantes que incorporan gastos de protección y ciudadanos que aprenden a distinguir entre una zona segura y otra que conviene evitar. En buena parte del país, la violencia dejó de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en una variable que condiciona decisiones cotidianas.

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Ese fenómeno ayuda a explicar una de las principales contradicciones del debate público actual. Mientras las autoridades pueden mostrar reducciones en determinados indicadores delictivos, una parte importante de la población continúa percibiendo que la inseguridad forma parte de su entorno inmediato. Por ejemplo, aunque el Gobierno federal reporta una disminución de 51% en los homicidios dolosos desde 2018, pero que la percepción de inseguridad se mantuvo en 59.8% durante 2026.

La diferencia entre ambos indicadores no necesariamente significa que uno sea falso y el otro verdadero. Revela algo más complejo: las estadísticas nacionales y la experiencia cotidiana miden dimensiones distintas del problema. Un descenso en homicidios puede ser estadísticamente significativo y, al mismo tiempo, no traducirse de inmediato en una sensación de seguridad si persisten extorsiones, robos, amenazas, desapariciones o presencia criminal en determinados territorios.

Y precisamente ahí es donde las cifras de percepción adquieren especial relevancia.

Más del 50% de los mexicanos señalan cercanía con violencia de grupos criminales

Uno de los datos más crudos aparece desde la medición sobre experiencias directas o cercanas con grupos criminales, la violencia ya no se observa únicamente en las noticias.

58.3% de las personas señala que la violencia o la extorsión le ha sucedido a personas cercanas o de su comunidad. Otro 12.6% afirma haberlo vivido directamente. Solo 29.1% asegura no haber tenido ninguna experiencia cercana con este tipo de situaciones.

La correlación entre estas cifras cambia por completo la lectura del fenómeno. No estamos frente a una sociedad donde la violencia sea principalmente una experiencia lejana observada a través de medios de comunicación. En conjunto, 70.9% de los encuestados reporta algún tipo de contacto directo o cercano con violencia o extorsión.

El dato es particularmente relevante porque permite entender por qué la percepción de inseguridad puede mantenerse elevada incluso cuando determinados indicadores delictivos muestran mejorías. La experiencia personal tiene un peso mucho mayor en la formación de expectativas que una cifra nacional que el ciudadano difícilmente puede comprobar en su vida diaria.

Si siete de cada diez personas conocen a alguien afectado o han vivido directamente una situación de esta naturaleza, la inseguridad deja de ser una discusión estadística y se convierte en una experiencia social compartida.

A esta situación se suma un problema de enorme magnitud: 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni deriva en una carpeta de investigación.

La cifra ayuda a explicar por qué resulta tan difícil dimensionar el fenómeno únicamente mediante registros oficiales. Cuando la inmensa mayoría de las víctimas no llega al sistema de justicia, las estadísticas formales necesariamente muestran solo una fracción de la realidad.

Gobierno carga con responsabilidad

La percepción sobre quién es responsable de los niveles de violencia ofrece una respuesta todavía más clara: El gobierno carga con buena parte de la responsabilidad.

61.4% considera que el gobierno tiene una alta responsabilidad, al señalarlo como principal responsable por no frenar la corrupción y la impunidad. Otro 24.5% le atribuye una responsabilidad moderada, al considerar que las autoridades tienen parte de la culpa, aunque también existen factores fuera de su control. En contraste, 13.1% considera que la responsabilidad gubernamental es baja y que la culpa recae principalmente en los criminales y factores externos, mientras apenas 1% considera que no existe responsabilidad del gobierno.

La correlación es contundente: 85.9% atribuye al gobierno una responsabilidad alta o moderada frente a la violencia.

No significa que ocho de cada diez mexicanos consideren que el gobierno sea directamente responsable de cada delito. La interpretación más precisa es que existe una expectativa ampliamente mayoritaria de que el Estado tiene una obligación central para contener las condiciones que permiten la expansión del crimen: corrupción, impunidad, falta de coordinación institucional y debilidad de las capacidades de seguridad.

La cifra también explica por qué las reducciones en homicidios no necesariamente producen un cambio equivalente en la percepción pública. Para muchos ciudadanos, combatir la violencia significa algo más que reducir un indicador. Significa poder denunciar sin miedo, transitar sin restricciones, operar un negocio sin pagar extorsiones y confiar en que una denuncia tendrá consecuencias.

Preocupa normalización de la violencia

Uno de los elementos más preocupantes y peligrosos referente a la inseguridad es la la posibilidad de que la sociedad mexicana haya comenzado a normalizar ciertas expresiones de violencia.

55.8% considera que sí existe una normalización por la falta de soluciones efectivas. Otro 20.9% sostiene que las personas han tenido que adaptarse a la violencia como mecanismo de supervivencia cotidiana. En contraste, 21.8% considera que la sociedad no la ha normalizado y continúa exigiendo cambios, mientras apenas 1.5% considera que esta percepción depende principalmente de la región del país.

La diferencia entre las dos principales respuestas resulta reveladora. Sumadas, alcanzan 76.7%, lo que significa que más de tres cuartas partes de los encuestados encuentran algún grado de normalización derivado de la falta de soluciones o de la necesidad de adaptarse.

Aquí aparece una de las consecuencias sociales más profundas de la violencia prolongada. Una sociedad puede dejar de sorprenderse ante hechos que originalmente habrían sido considerados extraordinarios. Cambiar horarios, evitar determinados trayectos, no portar objetos de valor, cerrar más temprano un establecimiento o asumir que determinadas zonas son inaccesibles puede convertirse en una rutina.

El problema es que adaptarse no equivale a resolver.

Una ciudadanía que aprende a convivir con la violencia puede reducir su exposición individual al riesgo, pero también corre el peligro de aceptar como normal una situación que debería seguir siendo excepcional. La normalización funciona así como una forma silenciosa de deterioro social: no necesariamente genera una protesta inmediata, pero modifica lentamente la manera en que las personas viven, trabajan y utilizan el espacio público.

¿Cuál es la relación entre violencia y economía?

Quizá una de las conclusiones más importantes aparece cuando se analiza la relación entre inseguridad y economía.

55.1% considera que la violencia afecta muchísimo a la economía familiar y al desarrollo de los negocios, principalmente porque las extorsiones y el miedo frenan la actividad económica. Otro 30% identifica un impacto importante, asociado a los costos de protección y a una menor movilidad. En contraste, 13.9% considera que el impacto es pequeño porque la economía depende de otros factores, mientras únicamente 1% afirma que la actividad comercial continúa funcionando con normalidad.

La correlación entre las dos primeras categorías es contundente: 85.1% percibe que la violencia tiene un impacto considerable en la economía familiar o empresarial.

Este resultado confirma que la inseguridad no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva policial. El crimen también tiene un costo económico que se distribuye entre comerciantes, consumidores y trabajadores.

Otro detalle de alta relevancia es que el impacto económico de la violencia en México equivalió a 11% del PIB nacional en 2025, aproximadamente 4 billones de pesos.

La magnitud del dato obliga a cambiar la manera de discutir la seguridad. Una extorsión no solo afecta al propietario de una tienda: puede traducirse en precios más elevados, menor inversión, reducción de horarios, cierre de establecimientos, contratación de seguridad privada o abandono de determinados mercados.

La violencia, en otras palabras, termina funcionando como un impuesto informal que nadie votó, pero que millones terminan pagando.

Las causas de la inseguridad en México

La ciudadanía identifica como principales causas de la inseguridad al crimen organizado, pero la corrupción y la impunidad no están lejos

31.7% señala al crecimiento del crimen organizado como principal causa. Le sigue la corrupción con 29.8%, mientras 17.5% identifica la impunidad. Más atrás aparecen la pobreza (11.7%), el desempleo y la falta de oportunidades (7.8%) y la pérdida de valores (1.5%).

La distribución muestra algo especialmente interesante: aunque el crimen organizado ocupa el primer lugar, la corrupción y la impunidad juntas representan 47.3%, una proporción considerablemente mayor que la atribuida directamente al crecimiento de las organizaciones criminales.

Este dato cambia el centro de la discusión.

La ciudadanía no parece interpretar la violencia únicamente como un problema generado por delincuentes. También identifica las condiciones institucionales que permiten que el fenómeno permanezca: corrupción, impunidad y debilidad de los mecanismos de justicia.

La propia lámina agrega que México se encuentra en la posición 80 de 94 países evaluados en materia de impunidad.

La cercanía entre corrupción e impunidad dentro de las respuestas refuerza la misma idea: el problema no termina cuando una organización criminal es identificada. También importa la capacidad del Estado para impedir que el dinero, las influencias o las redes de complicidad reduzcan las posibilidades de investigación y sanción.

Los retos que enfrenta el país

La violencia tiene una presencia cercana para una mayoría de la población; la responsabilidad gubernamental es percibida como alta o moderada por 85.9%; 76.7% considera que la sociedad ha normalizado la violencia de alguna manera; 85.1% identifica un impacto económico considerable, y las causas señaladas apuntan tanto al crecimiento del crimen organizado como a corrupción e impunidad.

La conexión entre todas las cifras permite entender por qué reducir homicidios, aunque sea un avance relevante, no basta por sí solo para modificar la percepción social de seguridad.

Mientras la extorsión continúe siendo un delito con bajo nivel de denuncia, mientras los ciudadanos sigan modificando su comportamiento por miedo, mientras los negocios incorporen costos de protección y mientras la impunidad continúe siendo percibida como una de las raíces del problema, la inseguridad seguirá formando parte de la vida cotidiana aun cuando algunos indicadores nacionales mejoren.

México enfrenta, por tanto, una tarea doble. Necesita continuar reduciendo los delitos más graves, pero también reconstruir la confianza en el sistema de justicia y demostrar que denunciar tiene sentido. Necesita combatir a las organizaciones criminales, pero igualmente cerrar los espacios de corrupción que facilitan su operación.

Porque el verdadero éxito de una política de seguridad no debería medirse únicamente en cuántos homicidios menos aparecen en una estadística. También debería medirse en cuántas personas vuelven a caminar sin miedo, cuántos negocios dejan de pagar protección, cuántas víctimas se atreven a denunciar y cuántas familias recuperan la certeza de que la violencia no dictará su manera de vivir.

En México, quizá la batalla más difícil no sea únicamente contra el delincuente. Es contra la idea de que tenemos que aprender a vivir con él.