La voz de la gente: los 5 problemas que más duelen

Hay problemas que pueden describirse con una cifra y otros que, para comprenderse realmente, necesitan observarse desde la experiencia cotidiana. La inseguridad, la corrupción, el costo de vida, la salud y el ingreso forman parte del segundo grupo. No son conceptos abstractos: determinan dónde se puede caminar, cuánto cuesta vivir, cuánto se confía en una autoridad, dónde se recibe atención médica y si el salario permite llegar a fin de mes.

La fotografía que se presenta resulta especialmente significativa porque los cinco problemas no aparecen como fenómenos aislados. Se retroalimentan. La inseguridad afecta los negocios; la corrupción erosiona la confianza; el costo de vida obliga a recurrir al crédito; las dificultades del sistema de salud trasladan gastos a los hogares; y la insuficiencia del ingreso obliga a buscar fuentes adicionales de trabajo.

Lo que emerge, por tanto, no es solamente un listado de preocupaciones, sino un retrato de la presión acumulada que enfrenta buena parte de la población.

La inseguridad ya no es una noticia: es una experiencia cercana.

El primer problema es también uno de los que más profundamente modifica la vida cotidiana. 71% de las personas afirma haber sido víctima de violencia o extorsión, o que esa situación le ocurrió a alguien cercano. La cifra equivale, en términos coloquiales, a siete de cada diez mexicanos con una experiencia directa o próxima del problema.

La dimensión del dato cambia cuando se observa la reacción de la población. 61% atribuye al gobierno una responsabilidad alta frente a la violencia, mientras 25% le asigna una responsabilidad moderada y 13% una responsabilidad baja.

Aquí aparece una relación importante: la percepción de violencia no permanece separada de la evaluación gubernamental. La mayoría no interpreta la inseguridad únicamente como resultado de la acción de los delincuentes; también existe una expectativa de responsabilidad institucional. Si el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar, la persistencia de la violencia inevitablemente termina afectando la evaluación que la población hace de las autoridades.

Pero lo más preocupante quizá está en lo que la gente hace frente al problema. 49% afirma haber reforzado su casa con alarmas o cámaras.

Casi la mitad de la población no está esperando exclusivamente una respuesta institucional: está invirtiendo recursos propios para aumentar su seguridad. Esto convierte a la inseguridad en un problema económico además de social. Una cámara, una alarma, una cerradura adicional o cualquier sistema de protección representa dinero que los hogares destinan a compensar un riesgo que, idealmente, debería reducirse mediante instituciones públicas.

La seguridad, entonces, empieza a convertirse en un gasto familiar.

El segundo gran problema es la corrupción. 76% considera que las autoridades actúan con corrupción y no con honestidad. La dimensión nacional del fenómeno queda reforzada por la comparación territorial: el indicador nacional presentado es de 75.5%. Haciendo un enfoque más profundo por estado Guanajuato alcanza 84.5%, Morelos y Aguascalientes 83.3% cada uno y Durango 82.0%.

La diferencia frente al promedio nacional resulta clara. Guanajuato se encuentra 9 puntos porcentuales por encima del 75.5% nacional; Morelos y Aguascalientes, 7.8 puntos por encima; y Durango, 6.5 puntos arriba.

Este contraste es importante porque demuestra que la percepción de corrupción no se distribuye de manera uniforme. Hay territorios donde la desconfianza hacia las autoridades alcanza niveles todavía mayores que el promedio nacional.

Pero las respuestas incluyen un elemento que impide reducir la historia a una ciudadanía resignada: 75% de las personas considera que denunciar sí sirve.

La convivencia de estos dos datos genera una tensión interesante. Por un lado, tres de cada cuatro personas perciben corrupción en las autoridades; por otro, exactamente una proporción similar mantiene la idea de que denunciar puede tener utilidad. No se trata de una sociedad que haya renunciado por completo a las instituciones, sino de una ciudadanía que conserva expectativas sobre ellas mientras mantiene una elevada desconfianza.

Esa diferencia entre desconfianza y expectativa es crucial. Una sociedad puede cuestionar a sus autoridades y, al mismo tiempo, seguir esperando que funcionen. De hecho, una buena parte de la presión social hacia las instituciones nace precisamente de esa expectativa.

La corrupción no solo se percibe: condiciona la confianza de la gente.

El costo de vivir también se convierte en una forma de inseguridad. El tercer problema es económico y posiblemente sea el más transversal, porque sus efectos terminan conectándose con los otros cuatro.

66% afirma que tuvo que recortar gastos o que le cuesta llegar a fin de mes. Al desmenuzar esta percepción, 38% señala que el principal cambio fue el aumento de los precios; 33% considera que su dinero alcanza menos, mientras 16% afirma que puede ahorrar más.

La correlación entre las dos primeras respuestas resulta significativa: 71% identifica algún deterioro en su capacidad económica, ya sea porque los precios subieron (38%) o porque percibe que el dinero simplemente alcanza para menos (33%).

No es exactamente la misma experiencia. Una persona puede reconocer el aumento de precios sin sentir necesariamente una pérdida equivalente de poder adquisitivo, mientras otra puede no identificar qué productos aumentaron, pero sí percibir que el dinero desaparece más rápidamente. Sin embargo, ambas respuestas desembocan en el mismo resultado: una mayor dificultad para sostener el presupuesto familiar.

Y cuando el ingreso deja de ser suficiente, aparece una segunda consecuencia: el crédito.

47% de la población ya utilizó algún crédito durante 2026.

Este dato introduce una dimensión particularmente delicada. El crédito puede ser una herramienta financiera útil para enfrentar una emergencia o distribuir un gasto; pero cuando comienza a utilizarse para compensar de manera recurrente la insuficiencia del ingreso, puede convertirse en un mecanismo para postergar el problema.

La preocupación económica, así, no se limita a cuánto cuesta la canasta de consumo. También incluye cuánto tiempo puede sostenerse el nivel de vida mediante endeudamiento.

El cuarto problema toca uno de los servicios donde la distancia entre expectativa y experiencia puede resultar más dolorosa. La salud pública termina trasladando parte de su costo al bolsillo.

49% señala que no hay medicamentos suficientes para sus enfermos. Es prácticamente la mitad de la población representada en el estudio.

Pero ella información más interesante se muestra cuando existe una necesidad de atención. 62% acude a un hospital público, mientras 23% recurre a una farmacia con consultorio y 15% busca atención con un médico privado.

La suma de quienes recurren a una farmacia con consultorio o a un médico privado alcanza 38%, exactamente la proporción de personas que pagan por su cuenta farmacia o atención médica privada.

Esta correlación es particularmente importante. El sistema público sigue siendo el principal punto de atención, con 62%, pero casi cuatro de cada diez personas terminan buscando una solución fuera de la estructura hospitalaria pública.

La consecuencia económica es evidente: cuando una familia no encuentra medicamentos o enfrenta barreras para obtener atención, el gasto sanitario deja de ser exclusivamente público y comienza a recaer sobre el presupuesto doméstico.

Esto conecta directamente con el problema anterior. Si 66% ya considera que el dinero no alcanza con holgura y 47% declara haber utilizado crédito durante el año, la necesidad de financiar medicamentos, consultas o tratamientos puede ejercer una presión adicional sobre hogares que ya operan con márgenes reducidos.

El problema de salud, por tanto, no permanece dentro del sistema sanitario. Termina convirtiéndose también en un problema financiero.

El quinto problema aborda directamente el ingreso laboral y la perspectiva de retiro. El salario. Una cifra que puede subir sin que desaparezca la sensación de insuficiencia

57% considera que el salario mínimo no cubre los gastos de una familia y esperar a que una pensión sea la solución a los problemas tampoco es viable. Sobre el tema de las pensiones, se muestra una división estrecha, pero significativa: 51% considera que su pensión no le alcanzará para vivir con dignidad, frente a 49% que cree que sí será suficiente.

La primera parte de la medición contrasta con la política salarial vigente. El salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios en 2026, un aumento de 13%. La propia Conasami reporta que el salario mínimo general equivale a 9,582.47 pesos mensuales y que su poder adquisitivo continúa recuperándose.

Sin embargo, la percepción capturada en el estudio demuestra que aumentar el salario nominal no elimina automáticamente la sensación de insuficiencia económica.

Es precisamente aquí donde resulta necesario distinguir entre recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y suficiencia percibida para sostener a una familia. Son conceptos relacionados, pero no idénticos. Un incremento salarial puede mejorar la capacidad de compra respecto de años anteriores y, al mismo tiempo, una mayoría puede considerar que el ingreso todavía no es suficiente para cubrir todas las necesidades familiares.

La fotografía sobre pensiones es todavía más delicada. La diferencia entre quienes creen que alcanzará y quienes piensan que no es de apenas 2 puntos porcentuales, lo que revela una sociedad prácticamente dividida respecto a su seguridad económica futura.

Y nuevamente aparece una estrategia de compensación: 36% ya necesita dos empleos.

Tener dos empleos no necesariamente significa estar desempleado ni implica automáticamente pobreza, pero sí es un indicador de que para más de un tercio de quienes aparecen en esta medición un solo ingreso no resulta suficiente para sostener sus necesidades.

La mayor fortaleza de este estudio está justamente en la posibilidad de conectar los cinco problemas mencionados.

La inseguridad alcanza a 71% de los encuestados y provoca que 49% refuerce su vivienda con alarmas o cámaras. La corrupción alcanza 76% de percepción negativa, aunque 75% todavía considera útil denunciar. El costo de vida afecta a 66%, mientras 47% ya utilizó crédito durante el año. En salud, 49% percibe insuficiencia de medicamentos y 38% recurre a farmacias o médicos privados. Finalmente, 57% considera que el salario mínimo no cubre los gastos de una familia y 36% necesita dos empleos.

El patrón que aparece es difícil de ignorar: cuando una institución no resuelve un problema, el hogar comienza a compensarlo con sus propios recursos.

Frente a la inseguridad, se colocan cámaras y alarmas. Frente a los precios, se recortan gastos o se utiliza crédito. Frente a las deficiencias del sistema de salud, se paga una consulta o una farmacia privada. Frente a la insuficiencia del ingreso, se busca un segundo empleo.

Es una sociedad que resuelve cada vez más problemas de manera individual.

Esa capacidad de adaptación puede interpretarse como resiliencia, pero también revela el riesgo de trasladar progresivamente al ciudadano responsabilidades que deberían descansar parcialmente en instituciones públicas funcionales.

Los cinco problemas que aparecen en la medición tienen una característica común: ninguno termina en el lugar donde comienza.

La inseguridad genera gastos de protección. La corrupción erosiona la confianza. El costo de vida obliga a recortar consumo o utilizar crédito. La falta de medicamentos puede transformar un problema de salud en un gasto privado. La percepción de insuficiencia salarial empuja a una parte de la población hacia un segundo empleo y deja dividida la expectativa sobre una jubilación digna.

Vista por separado, cada cifra puede parecer manejable. Observadas en conjunto, cuentan una historia mucho más exigente.

México no enfrenta solamente cinco problemas distintos. Enfrenta una acumulación de presiones que terminan descargándose sobre el mismo lugar: el presupuesto, el tiempo y la capacidad de adaptación de las familias.

Y quizá esa sea la principal lectura de esta fotografía social. La gente no está esperando que desaparezcan todos los problemas de un día para otro; ya está haciendo lo necesario para enfrentar muchos de ellos. Lo preocupante es que esa capacidad de resolver por cuenta propia no debería convertirse en sustituto permanente de las soluciones institucionales.

Porque un país puede presumir de ciudadanos resilientes durante mucho tiempo. Lo que no debería aceptar como normal es que la resiliencia de su gente sea necesaria para compensar aquello que sus instituciones no consiguen resolver.