Derecho a la información: ¿Realmente podemos saber que hace el gobierno?

El acceso a la información pública suele presentarse como uno de los pilares de cualquier democracia moderna. En el papel, el principio parece sencillo: si los recursos son públicos, las decisiones son públicas y las instituciones trabajan en nombre de la sociedad, entonces los ciudadanos deberían poder conocer qué se hace, cuánto se gasta, quién decide y cuáles son los resultados.

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Pero entre tener derecho a preguntar y poder obtener una respuesta útil existe una distancia considerable.

Los datos presentados con motivo del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, celebrado el 28 de septiembre, coloca precisamente esa distancia en el centro de la discusión. La pregunta ya no es solamente si existe un mecanismo para solicitar información, sino algo mucho más incómodo: ¿qué tan fácil resulta para un ciudadano común encontrarla, entenderla y utilizarla para evaluar al gobierno?

Y las respuestas dibujan un escenario donde el problema no parece estar únicamente en la existencia de información, sino en la capacidad real de convertirla en conocimiento ciudadano.

Transformaciones en el acceso a la información

México atraviesa desde 2025 una transformación importante de su sistema de transparencia. El INAI dejó de ser la institución encargada de esta función y el nuevo modelo incorporó a Transparencia para el Pueblo, junto con una nueva legislación. Al mismo tiempo, la Plataforma Nacional de Transparencia continúa siendo una herramienta para presentar solicitudes y consultar información. El propio Gobierno federal describe a Transparencia para el Pueblo como la autoridad garante federal dentro del nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y mantiene mecanismos para presentar solicitudes y recursos de revisión.

Esto significa que el derecho no desapareció ni se cerró el acceso digital. La puerta continúa abierta, el problema comienza después de tocarla.

Con una demanda superior a un millón de solicitudes al año y bajo el nuevo esquema, la atención puede involucrar distintas autoridades. Y cuando una solicitud involucra a diferentes poderes, el procedimiento puede volverse más complejo.

Además, la información se encuentra, hasta cierto punto limitada, ya que un órgano perteneciente al gobierno es el juez y ejecutor de la entrega de la información. Debido a esto, también se complica la aplicación de sanciones a quienes limitan o niegan el acceso a la información.

Esta transformación institucional obliga a hacer una distinción fundamental: transparencia no es sinónimo de disponibilidad de datos. Una base de datos puede estar publicada y, al mismo tiempo, resultar prácticamente inaccesible para quien no conoce la arquitectura administrativa, o incomprensible para quienes desconocen el lenguaje jurídico o la ruta exacta para encontrarla.

Las personas no se siente realmente informadas

La propia autoridad federal reconoce que uno de los objetivos del nuevo modelo es facilitar que las personas comprendan la información pública y puedan utilizarla para cuestionar y exigir cuentas. La prueba definitiva, por tanto, no está en cuántas páginas existen, sino en si un ciudadano puede entrar, buscar, comprender y salir con una respuesta.

El dato central respecto a qué tan accesible es la información, es que las personas no se sienten realmente informadas.

Solamente 16% de las personas consultadas se consideran muy informadas sobre lo que hace el Gobierno con los recursos públicos y afirman que puede encontrar y entender esa información.

En cambio, 46% se considera algo informada: conocen algunos datos, pero no necesariamente tienen una visión completa. A esto se suma otro 38% que declaran estar poco informados porque la información resulta difícil de encontrar o entender.

La lectura conjunta señala que 84% de los participantes no se ubica en el nivel más alto de información.

Pero aquí conviene detenerse en una diferencia que podría perderse si solamente observamos el porcentaje acumulado.

El 46% no afirma desconocer por completo lo que hace el Gobierno. Dice conocer algunos datos. El problema es precisamente ese “algunos”. Tener fragmentos de información no necesariamente permite reconstruir una historia completa: saber cuánto costó una obra no significa conocer por qué se decidió construirla; conocer el monto de un contrato no explica necesariamente qué resultados produjo; identificar a un funcionario no permite saber automáticamente qué responsabilidades asumió.

Por otro lado, el 38% enfrenta una barrera todavía más elemental: encontrar o entender la información.

Así, solamente 16% considera que puede hacer ambas cosas: encontrarla y comprenderla.

Capacidad de la ciudadanía por consultar información

Ese dato cambia el sentido de la discusión. El problema de la transparencia mexicana no puede medirse únicamente por la cantidad de información disponible. También debe medirse por la capacidad de la ciudadanía para convertir esa información en conocimiento.

El principal obstáculo no es la falta de interés: es no saber dónde buscar. Un dato que permite entender qué hay detrás de esa “falta de información”.

49% señala como principal dificultad que no sabe dónde ni cómo buscar la información. Es, con diferencia, el obstáculo más mencionado.

Después aparece la dispersión institucional: 29% considera que la información está repartida entre diferentes instituciones y plataformas. Otro 13% considera que la información es demasiado técnica o complicada, mientras 9% señala que no siempre se encuentra completa o actualizada. La suma de los dos primeros porcentajes resulta especialmente significativa: 78% identifica problemas relacionados con la localización y dispersión de la información.

Es decir, antes de discutir si los datos son correctos, suficientes o convincentes, existe una dificultad previa: llegar hasta ellos.

Y aquí aparece una de las paradojas más importantes de la transparencia contemporánea. Digitalizar información no necesariamente democratiza la información. Una plataforma puede permitir acceso las 24 horas del día, pero si el ciudadano necesita conocer previamente qué dependencia tiene la información, qué clasificación administrativa corresponde al documento, qué término técnico utilizar o en qué apartado se encuentra, el acceso formal puede convertirse en una barrera práctica.

El ciudadano puede tener una computadora, internet y el derecho legal de preguntar, pero seguir sin saber dónde está la respuesta. Eso es muy distinto de una sociedad verdaderamente informada.

La información debería ser fácil de consultar

Cuando se pregunta sobre qué información debería ser más fácil de consultar, la respuesta tampoco deja demasiado espacio para la interpretación.

La prioridad es saber en qué se gasta el dinero público, con 37%.

Le siguen, empatados con 25%, los contratos, compras y obras del Gobierno y los resultados de programas y políticas públicas.

Finalmente, 13% considera prioritario facilitar la consulta de sueldos, cargos y responsabilidades de los funcionarios.

El orden de estas respuestas resulta interesante.

La ciudadanía no está planteando únicamente una curiosidad administrativa. Está buscando elementos para responder preguntas muy concretas: ¿en qué se gastó el dinero?, ¿con quién se contrató?, ¿qué se construyó?, ¿qué resultado produjo?, ¿quién fue responsable?

En otras palabras, el ciudadano parece estar pidiendo pasar de la transparencia como publicación de documentos a la transparencia como explicación del ejercicio del poder.

El 37% que coloca el gasto público en primer lugar puede leerse como una demanda elemental de trazabilidad: seguir el dinero.

Los dos grupos de 25% agregan una segunda dimensión: conocer las decisiones que acompañan ese gasto y saber si produjeron resultados.

Y el 13% relacionado con funcionarios introduce la dimensión de responsabilidad individual.

El conjunto forma prácticamente una cadena lógica:

Dinero - contratos y decisiones - resultados - responsables.

Esa es, en esencia, la ruta que necesita cualquier ciudadano que pretenda pasar de simplemente conocer un dato a evaluar una actuación gubernamental.

¿Funciona el sistema de información?

La prueba de fuego no es publicar información: es permitir que la ciudadanía evalúe.

¿Qué debería demostrar México para saber que el derecho de acceso a la información realmente está funcionando?

La primera respuesta concentra 46%: que la información pública sea fácil de encontrar. La segunda obtiene 23% y exige que sea clara, completa y verificable. Después, 16% considera fundamental que las instituciones respondan oportunamente. Finalmente, 15% señala que la información debe permitir a la ciudadanía evaluar y exigir cuentas.

Hay aquí una secuencia que merece ser observada con cuidado.

Primero hay que encontrar la información, después hay que entenderla y comprobarla. Posteriormente, las instituciones deben responder a tiempo.Y solamente entonces la ciudadanía puede utilizarla para evaluar y exigir cuentas. No son cuatro demandas independientes. Son cuatro etapas de un mismo proceso.

Si la información no se encuentra, no puede analizarse. Si no es clara o verificable, no puede utilizarse con confianza. Si la respuesta llega demasiado tarde, puede perder utilidad para el ciudadano. Y si todo lo anterior funciona pero la información no permite evaluar decisiones, entonces la transparencia corre el riesgo de convertirse en un ejercicio documental sin consecuencias.

La última respuesta, aunque concentra el porcentaje más pequeño, contiene probablemente el propósito final del sistema: que la información permita exigir cuentas.

México ha construido durante años una infraestructura considerable alrededor del derecho de acceso a la información. El modelo actual conserva la Plataforma Nacional de Transparencia y ha incorporado nuevas instituciones, procedimientos y mecanismos dentro del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

Incluso durante 2026 se han anunciado medidas para fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia y ampliar la publicación de información relacionada con contrataciones públicas, fiscalización y auditorías.

Pero las cifras de este estudio colocan una condición que ninguna reforma administrativa puede ignorar: la existencia de información no garantiza que la sociedad pueda utilizarla.

Si 84% de los encuestados no se considera plenamente informado; si 49% dice no saber dónde ni cómo buscar; si 29% identifica la dispersión institucional como un obstáculo; y si 37% quiere tener mayor facilidad para conocer cómo se gasta el dinero público, entonces el desafío no consiste solamente en generar más información.

Consiste en hacerla encontrable, comprensible, verificable y útil.

Porque una transparencia que requiere conocimientos especializados para ser utilizada puede cumplir con la obligación formal de publicar y, al mismo tiempo, fallar en su objetivo democrático.

Y ese es quizá el verdadero punto de esta medición.

Cambios en el acceso a la información

El derecho a la información existe; la capacidad de ejercerlo es la discusión pendiente.

Preguntar sigue siendo relativamente sencillo. La propia arquitectura institucional permite presentar solicitudes y recurrir decisiones cuando una persona considera que la respuesta no fue satisfactoria. El Gobierno federal reporta, de hecho, mecanismos específicos para presentar recursos de revisión y dar seguimiento a las solicitudes.

¿Puede un ciudadano común saber qué está haciendo el Gobierno sin convertirse previamente en especialista en Gobierno?

La respuesta que sugieren los datos merece atención.

Solo 16% afirma sentirse muy informado y capaz de encontrar y entender la información. Frente a ello, 84% se encuentra en una posición menos favorable: conoce solamente algunos datos o considera que la información es difícil de localizar o comprender.

El problema, entonces, no parece ser únicamente la ausencia de información. Es la distancia entre información pública y conocimiento público.

Y esa distancia importa porque una democracia no se fortalece simplemente colocando documentos en internet. Se fortalece cuando una persona puede consultar cuánto se gastó, identificar quién recibió el contrato, conocer qué se prometió, revisar qué se consiguió y, a partir de ello, formular una pregunta todavía más importante:

¿El Gobierno hizo lo que dijo que iba a hacer con el dinero que todos aportamos?

Ahí comienza realmente la rendición de cuentas.

Y quizá esa sea la lección central del 28 de septiembre: el derecho de acceso a la información no se cumple cuando el ciudadano puede preguntar; se cumple cuando puede obtener una respuesta que le permita entender, verificar y cuestionar el ejercicio del poder.