
Foto: Research Land
En México, la seguridad dejó de ser una responsabilidad del Estado y se transformó en un esfuerzo individual ante la desconfianza institucional.

En México, la noción de seguridad ha dejado de ser una expectativa institucional para convertirse en un esfuerzo individual.
No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y recibe gratis nuestro boletín diario.
Los datos más recientes muestran que la población, ante la falta de confianza en las autoridades, ha asumido la responsabilidad de su propia protección.
La inseguridad cotidiana y la percepción de colusión entre el crimen organizado y los cuerpos policiales alimentan una sensación colectiva de vulnerabilidad que redefine la manera en que los ciudadanos se preparan frente a emergencias.
Ante la pregunta sobre si en su entorno se vive un ambiente de seguridad o inseguridad, la tendencia es clara: predomina la percepción de inseguridad (64.5%).
La gente reconoce que la violencia, los robos y la falta de presencia policial han convertido la inseguridad en parte del día a día.
Solamente 35.5% se sienten en un ambiente en donde existe una cierta sensación de seguridad.

Frente a esta realidad, los ciudadanos no esperan soluciones gubernamentales, sino que han comenzado a tomar medidas por cuenta propia.
Los datos lo confirman: 49% de los mexicanos utiliza cerraduras reforzadas o sistemas adicionales de seguridad como alarmas o cámaras.
Otro 32% recurre a protecciones básicas —rejas, barrotes o cerraduras reforzadas en sus puertas y ventanas.
Un 14% recurre a vigilancia privada, reflejando una creciente privatización de la seguridad, mientras que 11% depende de la vigilancia policiaca vecinal, como cámaras comunitarias, casetas o botones de pánico.
El dato más interesante, sin embargo, es que 29% de la población no cuenta con ninguna medida de seguridad.
Este grupo —más vulnerable por razones económicas o geográficas— representa la cara más desprotegida de la inseguridad en el país.

La desconfianza institucional también ha llevado a que cada vez más personas busquen defenderse por sí mismas.
Según los datos, poco menos de la mitad de la población (45%) recurre a la autodefensa, llevando algún dispositivo de seguridad personal.
De estos, 25% porta gas pimienta o spray de defensa, 16% porta navajas o herramientas multiusos, 12% dispositivos eléctricos como tasers o linternas con descarga y 11% lleva silbatos o alarmas personales.
El 55% restante no lleva ningún objeto de defensa personal, lo que puede interpretarse de dos maneras: por un lado, la falta de acceso o recursos; por otro, una resignación ante la idea de que la violencia puede presentarse en cualquier momento sin que haya medios efectivos para evitarla.

Ante la posibilidad de un riesgo inminente —asaltos, disturbios o desastres—, la población adopta distintas estrategias de movilidad.
44% afirma tener varias rutas de escape y haberlas practicado, mientras que 26% prefiere improvisar según se desarrolle la situación.
En contraste, 15% menciona tener identificadas las rutas de escape, pero nunca las ha ensayado, y otro 15% reconoce que solo conoce una ruta principal y no ha pensado en alternativas.
Estos datos muestran que una parte significativa de la población ya asume la posibilidad de un evento violento o una emergencia como algo cotidiano.
Sin embargo, también se expone que existe una preparación más intuitiva y reaccionaria que organizada y preventiva.

Las herramientas tecnológicas y la colaboración entre vecinos comienzan a formar parte del nuevo ecosistema de protección ciudadana.
44% de los encuestados declara estar muy familiarizado con aplicaciones de seguridad y ya utiliza botones de pánico, alertas vecinales o GPS compartido.
Otro 35% sabe que existen pero nunca las ha usado, mientras que 21% ha escuchado de estas herramientas pero no sabe cómo funcionan.
Esta distribución sugiere una oportunidad de fortalecimiento en la educación tecnológica y la organización comunitaria.

La lectura general del panorama mexicano demuestra que la seguridad se ha desplazado del ámbito público al privado.
La mayoría de los ciudadanos no confía en el Estado ni en sus fuerzas de seguridad, y la protección ha pasado a depender de la capacidad individual y económica de cada persona o comunidad.
Los porcentajes sobre medidas de defensa, rutas de escape y uso de tecnología demuestran que el mexicano promedio vive en alerta permanente.
Sin embargo, esta vigilancia personal no sustituye la función del Estado. Por el contrario, refleja una crisis institucional profunda, donde la gente se protege no gracias al gobierno, sino a pesar de él.
El reto, por tanto, no radica únicamente en reforzar la seguridad pública, sino en reconstruir la confianza: garantizar que las autoridades sean aliadas, no amenazas; que la ley se cumpla de forma equitativa; y que la seguridad vuelva a ser un derecho colectivo, no un privilegio individual.