Los robos, lesiones y violencia familiar encabezan los registros de delitos con mayor incidencia; y las mujeres, junto con menores de edad y adultos mayores, enfrentan riesgos diferenciados
Un tema recurrente y mencionado día tras día en México es la delincuencia. Las cifras de enero a agosto de 2026 respecto a este tema dibujan un panorama que va más allá de los expedientes abiertos: robos, lesiones y violencia familiar encabezan los registros; las mujeres y otros grupos vulnerables enfrentan riesgos diferenciados, mientras la cifra oculta recuerda que las estadísticas oficiales no representan la totalidad de los delitos que ocurren en el país.
Hablar de la seguridad pública en México exige distinguir entre los delitos que suceden, aquellos que llegan al conocimiento de las autoridades y los que finalmente quedan registrados en las estadísticas.
Estos datos deben analizarse paralelamente con los presentados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual estimó que durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos y que el 93.4% no fue denunciado o no derivó en el inicio de una carpeta de investigación.
No se trata de cifras correspondientes al mismo periodo ni obtenidas mediante el mismo procedimiento. Precisamente por eso, su lectura conjunta resulta reveladora: los registros administrativos permiten identificar patrones entre los hechos conocidos por las autoridades, mientras que la encuesta aporta una estimación de la victimización que los expedientes oficiales no alcanzan a reflejar por completo.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron aproximadamente 1.34 millones de delitos registrados y 1.45 millones de víctimas. Entre las categorías delictivas con más registros figuran los robos, con 282 mil; la violencia familiar, con 188 mil; y las lesiones, con 145 mil.
Las tres categorías suman alrededor de 615 mil delitos: cerca del 46% del total de 1.34 millones reportado. La concentración merece atención por dos razones. Por un lado, el robo muestra el peso de los delitos que afectan el patrimonio y la vida cotidiana; por otro, la violencia familiar y las lesiones recuerdan que una parte considerable de la incidencia registrada se relaciona con agresiones que comprometen la integridad física y las relaciones personales.
La violencia familiar ocupa aquí una posición especialmente relevante. No aparece como un fenómeno marginal dentro del conjunto de registros, sino como una de las principales categorías delictivas. Su presencia obliga a mirar la seguridad más allá de las calles y los espacios públicos: el hogar, que debería ser un lugar de protección, también puede convertirse en escenario de agresiones.
Aun así, conviene no interpretar los 1.34 millones de delitos registrados como el total de los hechos realmente ocurridos. La ENVIPE 2026 estima la existencia de una cifra oculta considerable. El 93.4% es el porcentaje de delitos que no se denunció o respecto de los cuales la autoridad no inició una carpeta de investigación; no significa, estrictamente, que todos hayan permanecido sin denuncia.
Esta diferencia tiene consecuencias para cualquier debate público sobre seguridad. Un aumento o una disminución en los registros puede reflejar cambios en los hechos delictivos, pero también variaciones en la disposición a denunciar, en la atención de las autoridades o en la forma de clasificar y registrar los casos. Por eso, las cifras de incidencia deben analizarse con cuidado y no confundirse automáticamente con una medición exhaustiva de la delincuencia.
La distribución de víctimas de delitos, categorizada por sexo, contabiliza 591 mil 292 víctimas mujeres, equivalentes al 41%; 572 mil 123 hombres, que representan el 39%; y 291 mil 84 registros sin información sobre el sexo de la víctima, equivalentes al 20%.
La cercanía entre los porcentajes de mujeres y hombres indica que ambos grupos representan una proporción importante de las víctimas registradas. Sin embargo, el dato que exige atención adicional es el de los registros sin información: uno de cada cinco casos carece de un dato básico para caracterizar a la víctima.
Esta omisión no es un detalle menor. La información desagregada permite identificar diferencias en los patrones de victimización, reconocer necesidades específicas y diseñar medidas de prevención más precisas. Cuando falta un atributo fundamental, la capacidad para describir a quién afecta la delincuencia y en qué circunstancias se reduce.
Dentro de estos datos, también se señala que el 62% de las víctimas de trata de personas son mujeres. Es un indicador específico, no una descripción de todos los delitos, pero evidencia que la exposición a determinadas formas de violencia puede distribuirse de manera desigual. La respuesta pública, por tanto, necesita distinguir entre las tendencias generales y las particularidades de cada delito, sin asumir que todas las personas enfrentan los mismos riesgos.
Las estadísticas deben servir para algo más que contar casos. También deberían ayudar a comprender quiénes resultan afectados, dónde se concentran los riesgos y qué condiciones facilitan la prevención, la denuncia y la atención a las víctimas.
Este delito está catalogado como el más frecuente para todas los rangos de edad. Para dimensionar el fenómeno, los reportes presentan alrededor de 159 mil víctimas mujeres, 23 mil personas menores de edad y 13 mil personas mayores de 60 años.
La distribución sitúa a las mujeres en el grupo con la mayor cifra reportada, pero también advierte que la violencia familiar alcanza a personas menores de edad y a adultos mayores. No basta, por ello, con abordar el problema como una suma de conflictos privados: sus consecuencias pueden afectar a personas con diferentes grados de autonomía, recursos y posibilidades para pedir ayuda.
La prevención enfrenta aquí un desafío particular. Las víctimas pueden depender económica o emocionalmente de quienes las agreden, temer represalias o no encontrar condiciones seguras para denunciar. Los registros que llegan a las autoridades muestran una parte del fenómeno; la cifra oculta, documentada por el INEGI para el conjunto de los delitos, refuerza la necesidad de no equiparar los casos registrados con toda la violencia existente.
Los datos también abren preguntas sobre la capacidad institucional para detectar y atender las agresiones antes de que escalen. ¿Qué tan accesibles son los mecanismos de denuncia? ¿Qué tan confiable resulta la protección posterior? ¿Existen rutas eficaces para que menores y adultos mayores puedan solicitar ayuda? Las cifras por sí solas no responden estos interrogantes, pero ayudan a establecer por qué deben plantearse.
Extendiendo el análisis hacia una zona geográfica en la cual la delincuencia esté más focalizada a grupos específicos, Baja California Sur es mencionado como el estado con mayores afectaciones a mujeres, niñas y niños, y adultos mayores. Se reportan 2 mil 250 delitos por cada 100 mil mujeres; 746 por cada 100 mil niñas y niños; y mil 778 por cada 100 mil adultos mayores. De la misma manera, el 74% de la población considera inseguro vivir en su estado, atribuyendo este último dato a la ENVIPE 2026.
Las entidades con mayor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes son los siguientes: Colima registra 2 mil 472; Quintana Roo, 2 mil 117; Baja California Sur, 2 mil 053; Aguascalientes, mil 875; y Guanajuato, mil 721.
Por separado, el Estado de México es el primer lugar por número de víctimas, con 231 mil 60.
Estos indicadores miden cosas distintas. Colima encabeza la relación por tasa; el Estado de México, por el volumen absoluto de víctimas registrado. No existe contradicción entre ambos resultados: una entidad puede tener una tasa alta en relación con su población y otra acumular más víctimas en números totales debido, entre otros factores, a su tamaño poblacional.
La distinción es indispensable al comparar territorios. Una cifra absoluta permite dimensionar la carga que enfrenta un estado en términos de volumen; una tasa por cada 100 mil habitantes facilita comparar la incidencia relativa. Ninguna de las dos, por sí sola, explica las causas del fenómeno ni permite declarar que una entidad sea la más peligrosa en todos los sentidos.
Medir la violencia es el primer paso; comprenderla y atenderla, la tarea pendiente. Este estudio ofrece cinco señales que conviene leer en conjunto: el volumen de delitos y víctimas registrados; la presencia del robo, las lesiones y la violencia familiar entre las categorías más frecuentes; las diferencias en la distribución de víctimas por sexo; la exposición particular de grupos vulnerables; y las disparidades territoriales entre tasas y números absolutos.
A ellas se añade un dato fundamental del INEGI: el 93.4% de los delitos estimados no fue denunciado o no dio lugar al inicio de una carpeta de investigación. La cifra impide considerar los registros administrativos como una fotografía completa de la criminalidad. También plantea una pregunta esencial para las instituciones: ¿qué obstáculos impiden que más hechos se denuncien y que las denuncias se traduzcan en investigaciones?
La respuesta exige algo más que publicar tablas o elaborar rankings. Requiere registros completos, criterios transparentes, mecanismos de denuncia accesibles, protección para las víctimas y evaluaciones que permitan saber si las acciones de prevención y atención producen resultados. En particular, la ausencia de información sobre el sexo de una quinta parte de las víctimas registradas y la incidencia de la violencia familiar muestran que la calidad del dato es una parte de la política de seguridad, no un asunto meramente administrativo.
Las cifras no cuentan toda la historia, pero sí permiten formular mejores preguntas. Para que la estadística se convierta en una herramienta efectiva, el reto es vincular los registros con la investigación, la prevención y la atención a quienes padecen los delitos. Un país no puede conocer plenamente su realidad de seguridad si una parte tan amplia de la victimización permanece fuera de las denuncias o no llega a convertirse en una investigación.
La seguridad pública no se mide únicamente por los delitos que aparecen en las estadísticas, sino también por la capacidad de las instituciones para reconocer lo que falta, escuchar a las víctimas y actuar sobre los riesgos que los datos alcanzan a mostrar.
