
"Andy" López Beltrán ha sido mencionado muchas veces en casos de huachicol fiscal - Foto: Cuartoscuro
Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) descartó elementos de prueba para abrir una indagatoria, el 73% de los encuestados por México Elige se pronunció a favor de que se investiguen los señalamientos que vinculan a Andrés Manuel López Beltrán con redes de huachicol fiscal y contratos públicos.

De acuerdo con la más reciente medición de la encuestadora México Elige, el 73.0% de los participantes consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debería investigar los señalamientos que vinculan a Andrés Manuel López Beltrán con presuntas redes de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
Ante la pregunta expresa: “¿Considera que la FGR debería investigar estos señalamientos?”, el 22.9% de los encuestados respondió que no es necesario, mientras que el 4.1% indicó no saber o no tener una postura definida.
La postura ciudadana contrasta con la posición oficial de la FGR, instancia que ha señalado no contar con datos de prueba suficientes para abrir una carpeta de investigación penal en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema cobró relevancia luego de que un reporte de Azteca Noticias reveló que el nombre de López Beltrán apareció en declaraciones de exintegrantes de la Secretaría de Marina procesados por operaciones de hidrocarburos.
En el litigio contra Fernando Farías Laguna, la defensa argumentó que existen testimonios que aluden a supuestas gestiones atribuidas a López Beltrán.
A estos señalamientos se suma la relación del hijo del expresidente con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, contratista federal durante el sexenio pasado, vínculo que partidos de oposición han utilizado para exigir pesquisas formales sobre presunto tráfico de influencias y operaciones con combustible importado.
El pasado 3 de noviembre, Andrés Manuel López Beltrán rechazó públicamente tener nexos comerciales con Olán Aparicio, haber gestionado contratos públicos o tener cualquier relación con el contrabando aduanero o de hidrocarburos.
En términos estrictamente jurídicos, la mención de su nombre en declaraciones de terceros dentro de un proceso judicial no constituye una imputación penal directa ni determina responsabilidad legal, motivo por el cual el Ministerio Público Federal mantiene el caso sin indagatoria abierta en su contra al día de hoy.