Digitalización vs burocracia: ¿Menos corrupción o más complicaciones?

La digitalización del gobierno ha sido presentada, durante los últimos años, como una de las grandes apuestas para modernizar la administración pública mexicana. La promesa resulta atractiva: menos filas, menos documentos, menos tiempo perdido y, sobre todo, menos espacios para la corrupción derivada del contacto directo entre ciudadanos y funcionarios. Sin embargo, como ocurre con muchas reformas administrativas, la tecnología por sí sola no garantiza un cambio de fondo. Digitalizar un trámite no necesariamente significa simplificarlo; en ocasiones, simplemente traslada la burocracia del escritorio a la pantalla.

México atraviesa una etapa de transformación digital acelerada. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, junto con la meta gubernamental de reducir hasta en 50% los requisitos para realizar trámites federales, representa uno de los esfuerzos institucionales más ambiciosos en materia de modernización administrativa de las últimas décadas. Sin embargo, la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos continúa mostrando una realidad mucho más compleja, donde plataformas digitales, requisitos poco claros y procesos que siguen requiriendo visitas presenciales conviven con un discurso de simplificación gubernamental.

Los datos de este estudio retratan precisamente esa paradoja. La ciudadanía no rechaza la digitalización; por el contrario, la respalda ampliamente. Lo que cuestiona es la forma en que ésta se ha implementado. La percepción predominante no es que la tecnología haya fracasado, sino que el aparato burocrático ha logrado sobrevivir incluso dentro de los nuevos sistemas digitales.

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La ciudadanía quiere un gobierno digital, pero no uno que excluya

La primera medición ofrece una conclusión contundente: el debate ya no gira en torno a si los trámites deben digitalizarse, sino sobre cómo hacerlo sin generar nuevas barreras de acceso.

El grupo más numeroso de entrevistados (53%) considera que la mayoría de los trámites deberían ser digitales, pero conservando siempre una alternativa presencial para quienes la necesiten.

En segundo término (29%) aparecen quienes impulsan una digitalización prácticamente total para agilizar procesos y reducir la burocracia, manteniendo la opción presencial para quienes la necesiten. Mucho más atrás se ubican quienes consideran que algunos procedimientos deben permanecer presenciales porque la digitalización no siempre funciona adecuadamente (11%), así como quienes afirman que, aunque muchos trámites ya migraron al formato electrónico, la burocracia prácticamente no ha cambiado (7%).

La distribución de estas respuestas refleja una sociedad considerablemente más pragmática que ideológica. La mayoría no plantea una oposición entre tecnología y atención presencial; propone un modelo híbrido donde la digitalización incremente la eficiencia sin eliminar opciones para quienes aún enfrentan dificultades tecnológicas.

Este resultado adquiere especial relevancia considerando que el propio Gobierno de México ha anunciado como objetivo reducir hasta en 50% los requisitos para realizar trámites federales. La ciudadanía parece respaldar esa dirección, aunque advierte implícitamente que reducir documentos no será suficiente si el proceso continúa siendo complejo o poco accesible.

En otras palabras, la demanda social no consiste únicamente en digitalizar, sino en simplificar verdaderamente.

Inclusión digital: El reto del diseño intuitivo más allá de la edad

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio aparece al analizar quiénes enfrentan mayores dificultades para adaptarse a los trámites digitales.

La opinión predominante con 46%, sostiene que las personas mayores necesitan mayor apoyo, pero pueden adaptarse siempre que existan sistemas claros y sencillos. En segundo lugar (30%), se ubican quienes consideran que la mayoría de la población puede adaptarse independientemente de la edad. El 14% de la población afirma que muchos sistemas actuales están diseñados principalmente para jóvenes y un 10%menciona que la transformación tecnológica avanza demasiado rápido y termina dejando atrás a quienes poseen menores habilidades digitales.

La correlación entre estas respuestas modifica parcialmente un diagnóstico que durante años dominó las discusiones sobre inclusión digital. El problema ya no parece radicar exclusivamente en la edad de los usuarios, sino en la calidad del diseño institucional de las plataformas.

Este resultado dialoga directamente con el contexto nacional. De acuerdo con el propio INEGI, en 2025 México alcanzó 86.1% de usuarios de internet, uno de los niveles más altos registrados hasta ahora. El crecimiento acelerado en la conectividad demuestra que el acceso tecnológico continúa expandiéndose; sin embargo, el estudio evidencia que disponer de internet no garantiza necesariamente que los servicios públicos digitales sean comprensibles o fáciles de utilizar.

La alfabetización digital, por tanto, deja de ser únicamente una responsabilidad del ciudadano para convertirse también en un desafío para las instituciones encargadas de diseñar plataformas verdaderamente intuitivas.

Avances reales vs. frustración cotidiana: La burocracia que cambia de formato

La tercera medición aborda directamente la percepción sobre los resultados concretos de la digitalización.

La respuesta dominante señala que los trámites son mucho más rápidos y fáciles (41%). En segundo lugar aparecen quienes consideran que han mejorado parcialmente, aunque todavía presentan numerosos obstáculos (26%). Posteriormente se ubican quienes perciben que algunas plataformas incluso han complicado ciertos procedimientos debido a requisitos electrónicos adicionales (19%) y una minoría (14%) asegura que los trámites siguen siendo igual de complicados que antes.

El orden de estas respuestas resulta especialmente revelador. La ciudadanía reconoce avances; sin embargo, esos avances todavía no alcanzan para modificar de manera sustancial la experiencia cotidiana con la administración pública.

En muchos casos, la digitalización parece haber reducido el tiempo dedicado al traslado físico hacia oficinas gubernamentales, pero lo ha sustituido por nuevas dificultades: sistemas que fallan, portales saturados, requisitos poco claros, validaciones múltiples o procesos que finalmente obligan al ciudadano a presentarse personalmente para concluir el trámite.

La burocracia, en consecuencia, no desaparece; simplemente cambia de formato.

¿Menos contacto implica menos corrupción? La percepción ciudadana sobre la transparencia

Durante años se ha sostenido que reducir el contacto directo entre funcionarios y ciudadanos disminuiría automáticamente las oportunidades de corrupción. El estudio muestra una visión bastante más matizada.

La mayoría (47%) considera que la digitalización reduce la corrupción considerablemente porque reduce el contacto directo con los servidores públicos. Un segundo grupo (23%) opina que la digitalización reduce la corrupción únicamente en algunos casos, ya que todavía existen mecanismos mediante los cuales ciertas personas pueden recibir trato preferencial. Más atrás aparecen quienes creen que el efecto es limitado debido a que las prácticas irregularidades pueden persistir incluso mediante plataformas digitales (16%), mientras una minoría (14%) sostiene que la corrupción simplemente cambió de modalidad sin disminuir realmente.

La lectura conjunta resulta especialmente interesante. Existe un reconocimiento amplio de que la tecnología constituye una herramienta útil para incrementar la transparencia, pero no aparece como una solución suficiente por sí misma.

Este matiz es relevante dentro del contexto mexicano. Casos recientes relacionados con contrataciones públicas, compras gubernamentales o asignaciones administrativas han demostrado que la corrupción puede desplazarse hacia etapas distintas del proceso sin desaparecer necesariamente. La automatización reduce espacios para ciertos actos discrecionales, pero no elimina la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión, auditoría y rendición de cuentas.

La ciudadanía parece comprender que la transparencia depende tanto del software como de las instituciones que lo administran.

La paradoja de los trámites cotidianos: La pervivencia de la traba administrativa

Al preguntar sobre trámites cotidianos como SAT, actas, licencias o pasaportes, la respuesta sintetiza probablemente la principal contradicción detectada por el estudio.

La opinión predominante sostiene que son más claros y fáciles de seguir que antes con 35%. Muy cerca aparecen quienes consideran que han mejorado, aunque todavía existen numerosos pasos poco claros (30%). Posteriormente se ubican quienes mencionan que con frecuencia no resulta evidente por qué las autoridades solicitan determinados documentos o requisitos adicionales (25%), mientras únicamente una minoría (10%) considera que disponer de contactos personales continúa facilitando ciertos procedimientos.

La correlación entre estas respuestas confirma una tendencia observada a lo largo de todo el estudio. El principal obstáculo ya no parece ser exclusivamente tecnológico; es burocrático.

Incluso cuando las plataformas funcionan correctamente, persiste una sensación de opacidad administrativa. Los ciudadanos siguen preguntándose por qué determinados documentos continúan siendo indispensables, por qué algunos procedimientos requieren validaciones redundantes o por qué diferentes dependencias solicitan información que el propio gobierno ya posee.

El dato adquiere aún mayor relevancia al contrastarse con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, que muestra que 51.7% de quienes realizaron trámites en 2025 todavía acudieron físicamente a oficinas gubernamentales. Es decir, la digitalización avanza, pero aún no logra sustituir completamente la interacción presencial.

Conclusión: Más allá de la pantalla, la necesidad de una verdadera simplificación

La transformación digital representa una oportunidad histórica para reconstruir la relación entre ciudadanos y gobierno. No obstante, los datos muestran que la tecnología, por sí sola, difícilmente resolverá problemas acumulados durante décadas de procedimientos excesivos, normativas fragmentadas y una cultura administrativa orientada más al control documental que al servicio público.

La ciudadanía mexicana no rechaza el gobierno digital. Al contrario, lo respalda mayoritariamente, siempre que éste sea accesible, comprensible y verdaderamente útil. Las respuestas revelan una sociedad que ha dejado de medir el éxito de la digitalización por el número de plataformas disponibles y comienza a evaluarlo por algo mucho más sencillo: el tiempo que realmente ahorra, la claridad de los procedimientos y la confianza que genera en las instituciones.

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En el fondo, el estudio deja una conclusión que trasciende el ámbito tecnológico. Digitalizar un trámite puede hacerlo más rápido; simplificarlo requiere revisar las reglas que lo originan. Automatizar un formulario puede reducir tiempos; eliminar requisitos innecesarios demanda voluntad política. Combatir la corrupción mediante plataformas electrónicas puede cerrar algunas puertas; recuperar la confianza ciudadana exige abrir muchas más hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia gubernamental.

Porque el verdadero reto de la transformación digital mexicana no consiste únicamente en cambiar el papel por una pantalla. Consiste en demostrar que detrás de esa pantalla existe un Estado capaz de servir mejor a sus ciudadanos.