Apodos como fifí, chairo o whitexican se han consolidado como herramientas de exclusión: el 81% de los ciudadanos advierte su impacto negativo en la convivencia
La división económica y política se ha extendido al lenguaje cotidiano, donde las etiquetas funcionan como atajos para clasificar, desacreditar y excluir. Cuando una diferencia de opinión o de estilo de vida se convierte en motivo para tratar al otro como inferior, la pluralidad deja de ser una fortaleza y comienza a transformarse en una frontera social.
México siempre ha sido un país de contrastes. Las diferencias económicas, regionales, culturales y políticas forman parte de una sociedad diversa, en la que conviven distintas maneras de entender el mundo y de relacionarse con él. El problema no es que existan esas diferencias, sino que cada vez resulte más sencillo utilizarlas para decidir quién merece respeto, quién es digno de confianza y quién debe ser descalificado antes incluso de ser escuchado.
En ese terreno han cobrado fuerza expresiones como fifí y chairo, a las que se suman otras etiquetas como naco y whitexican. Su aparente informalidad puede hacerlas parecer simples bromas o recursos del lenguaje digital. Sin embargo, cuando se utilizan para reducir a una persona a su posición económica, sus preferencias políticas, su apariencia o su origen, dejan de ser meras palabras y adquieren una función social: convertir las diferencias en categorías de superioridad e inferioridad.
El 37% identifica el dinero —la separación entre ricos y pobres— como el principal factor de división entre los mexicanos; el 33% señala la política y el 23% el estilo de vida asociado con las etiquetas fifí y chairo. El color de piel o la apariencia reúne el 4%, mientras que apenas el 3% considera que no estamos divididos. En otras palabras, el 97% reconoce al menos una fractura social.
La distribución es elocuente. La desigualdad económica y las diferencias políticas ocupan los primeros lugares, pero las etiquetas vinculadas con el estilo de vida también tienen un peso considerable. No son dimensiones independientes: la manera de hablar, la ropa, los lugares que se frecuentan, los hábitos de consumo y las opiniones políticas pueden convertirse en señales mediante las cuales las personas atribuyen pertenencia a un grupo y distancia respecto de otro.
La discriminación contemporánea no siempre necesita una prohibición explícita o una agresión abierta. A veces opera mediante una broma repetida, una generalización o la convicción de que basta conocer la preferencia política o el nivel económico de alguien para saber qué clase de persona es.
El lenguaje político puede contribuir a esta dinámica cuando convierte las diferencias de opinión en enfrentamientos entre identidades irreconciliables. El 42% considera que los discursos de los últimos años han promovido etiquetas y enfrentamientos entre mexicanos, mientras que el 34% cree que han sacado a la superficie divisiones que ya existían. Ambas respuestas suman 76%, que identifica una relación entre el discurso político y la percepción de vivir en bandos enfrentados.
La distinción entre ambas posturas importa. Para el primer grupo, el discurso contribuye activamente a crear o reforzar las etiquetas; para el segundo, hace visibles diferencias que ya estaban presentes en la sociedad. No son explicaciones idénticas, aunque ambas advierten que la manera de comunicar los desacuerdos influye en cómo se interpreta al adversario.
Otro 16% considera que las redes sociales dividen más que los políticos, mientras que el 8% opina que las declaraciones políticas no han cambiado la forma en que nos relacionamos. La dispersión de respuestas sugiere que la polarización no puede atribuirse a una sola causa: en ella intervienen el discurso público, las desigualdades existentes, los medios de comunicación y la manera en que las personas consumen y reproducen información.
Los antecedentes oficiales permiten dimensionar la relación entre las diferencias ideológicas y las experiencias de trato desigual. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el INEGI en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reportó que el 23.7% de la población adulta declaró haber sido discriminada durante los 12 meses previos. La cifra fue 3.5 puntos porcentuales superior a la registrada en 2017. Entre los motivos declarados figuraron las opiniones políticas, mencionadas por el 24.6% de quienes reportaron discriminación.
Estos datos no demuestran que el discurso de un actor político específico sea responsable de la discriminación, ni permiten atribuir el mismo comportamiento a todos los sectores ideológicos. Sí muestran que las opiniones políticas pueden formar parte de las experiencias de trato desigual en México.
La responsabilidad pública, por tanto, no consiste en eliminar las diferencias ni en exigir que todas las personas compartan una misma visión. Consiste en evitar que la discrepancia se transforme en una justificación para deshumanizar al contrario. Criticar una propuesta, cuestionar una decisión o señalar una contradicción forma parte de la vida democrática; atribuir defectos morales a millones de personas por su afinidad política es algo muy distinto.
Cuando el debate abandona los argumentos y se concentra en las identidades, la conversación pública pierde profundidad. Ya no se discute si una medida es eficaz, justa o viable, sino si quien la propone pertenece al bando correcto. El resultado es una discusión en la que la pertenencia pesa más que la evidencia y en la que cambiar de opinión puede percibirse como una traición al grupo.
La separación entre fifís y chairos no parece quedarse en la política ni en las conversaciones digitales. El 41% considera que esta división ya cambia mucho la forma en que nos tratamos y el 46% señala que se nota en la política y las redes sociales. En conjunto, el 87% percibe que estas etiquetas tienen una presencia importante en las relaciones sociales o en la conversación pública.
Solo el 10% considera que son etiquetas propias de internet que dividen poco, mientras que el 3% cree que no representan a los mexicanos y que no existe una división significativa de este tipo.
La diferencia entre ambas posiciones es relevante. Una etiqueta puede comenzar como una manera informal de nombrar una corriente de opinión o un determinado estilo de vida. Sin embargo, cuando se generaliza, acaba sustituyendo la observación individual por un estereotipo. La persona deja de ser alguien con experiencias, contradicciones y opiniones propias para convertirse en la representación de un grupo al que se le atribuyen características predeterminadas.
En su versión más superficial, llamar fifí a alguien puede asociarlo con el privilegio económico, el consumo o la distancia respecto de las dificultades de la mayoría. Llamar chairo a otra persona puede utilizarse para desacreditar sus convicciones políticas, reducirlas a una supuesta ingenuidad o insinuar que responde automáticamente a intereses partidistas. En ambos casos, el término puede funcionar menos como descripción que como una forma de descalificación.
El mecanismo es similar: primero se simplifica a la persona, después se le atribuyen características que quizá no posee y, finalmente, se utiliza esa clasificación para decidir cuánto vale su opinión. El prejuicio se vuelve especialmente eficaz cuando quien lo reproduce considera que no está discriminando, sino simplemente describiendo la realidad.
La cuestión no es prohibir todo apodo ni interpretar cada desacuerdo como una agresión. El contexto, la intención y las consecuencias importan. Pero también importa reconocer que el lenguaje no es neutral cuando sirve para establecer jerarquías entre personas y normalizar el desprecio hacia quienes son distintos.
El 51% considera que, cuando alguien es llamado fifí, chairo, naco o whitexican, se le juzga sin conocerlo. Otro 30% piensa que esos términos generan rechazo y dificultan la convivencia. En conjunto, el 81% les atribuye un efecto negativo. En contraste, el 11% considera que son apodos propios de las redes que no afectan a nadie y el 8% cree que únicamente marcan una diferencia.
La diferencia entre ambas posturas va más allá de una discusión sobre palabras aceptables. En el fondo, plantea una pregunta sobre la responsabilidad individual: ¿hasta qué punto debemos preocuparnos por el efecto que tiene nuestro lenguaje sobre los demás?
Quienes consideran inofensivas estas expresiones pueden entenderlas como humor, ironía o una forma de identificarse dentro de una comunidad digital. No toda utilización de estos términos supone necesariamente una intención discriminatoria. Sin embargo, la intención de quien habla no es el único elemento que determina el efecto de una expresión. También cuenta el contexto en el que se utiliza, la relación entre las personas y la función que cumple dentro de la conversación.
Una broma compartida entre amigos no necesariamente tiene las mismas consecuencias que un insulto empleado para humillar a alguien en un espacio público. Tampoco es equivalente utilizar una etiqueta para describir una corriente política que usarla para insinuar que todas las personas asociadas con ella son ignorantes, privilegiadas, corruptas o moralmente inferiores.
El dato de que el 81% perciba consecuencias negativas no significa que ese porcentaje haya sufrido personalmente una agresión por alguno de esos términos. Se refiere a la percepción de sus efectos. Aun así, apunta a un fenómeno que merece atención: las expresiones que parecen triviales para quien las pronuncia pueden contribuir a un ambiente de desconfianza, rechazo y exclusión.
La discriminación rara vez comienza únicamente con los actos más evidentes. También puede normalizarse cuando un grupo aprende a considerar aceptable el desprecio hacia otro, cuando las generalizaciones sustituyen al conocimiento individual o cuando una expresión ofensiva se defiende automáticamente como humor y toda objeción se interpreta como exageración.
Esto no significa que cada palabra incómoda deba convertirse en motivo de censura. Significa reconocer que la libertad de expresión y la responsabilidad por el trato a los demás pueden coexistir. Defender el derecho a disentir no exige defender el derecho a que toda descalificación quede libre de cuestionamiento.
Las divisiones sociales tampoco aparecen de la nada. Detrás de los términos políticos y culturales persisten diferencias materiales y simbólicas que influyen en la manera en que las personas son percibidas.
El 74% señala haber sido juzgado o haber sentido que alguien lo consideraba menos en algún momento de su vida. El motivo más mencionado es el dinero, con el 32%; le siguen el color de piel o la apariencia, con el 20%; el origen o estilo de vida, con el 15%; y las ideas políticas, con el 7%. El 26% afirma que nunca ha vivido una experiencia de este tipo.
La jerarquía de respuestas revela una cuestión importante: la situación económica aparece como la principal fuente de juicio o menosprecio, por encima de las ideas políticas. Esto obliga a mirar las etiquetas no solamente como una expresión de la confrontación ideológica, sino también como una manifestación de desigualdades más amplias.
La posición económica puede convertirse en un marcador social que determina cómo se interpreta la forma de vestir, el lugar de residencia, el tipo de empleo o los hábitos de consumo. Algo similar ocurre con la apariencia y el origen: características visibles o percibidas pueden despertar prejuicios antes de que exista un conocimiento real de la persona.
Las cifras de experiencias personales y los indicadores oficiales no son directamente comparables: corresponden a preguntas, universos y periodos diferentes. Su coincidencia temática, no obstante, permite advertir que las experiencias de menosprecio pueden relacionarse tanto con condiciones materiales y características personales como con convicciones ideológicas.
En ese sentido, la figura del fifí puede convertirse en una caricatura del privilegio, mientras que la del chairo puede utilizarse para descalificar a quien expresa determinadas convicciones políticas. Pero las categorías rara vez describen adecuadamente la complejidad de la vida de una persona. Ni la posición económica determina automáticamente una visión política, ni las preferencias ideológicas revelan por completo la historia, los valores o las motivaciones de quien las sostiene.
También es necesario reconocer que el prejuicio puede operar en más de una dirección. Las etiquetas no pertenecen exclusivamente a una corriente política ni son patrimonio de un grupo social determinado. Su utilización puede variar según el contexto y las relaciones de poder, pero ninguna identidad ideológica vuelve aceptable el menosprecio sistemático hacia los demás.
La conversación digital ha multiplicado las posibilidades de participación. Las personas pueden informarse, compartir experiencias, discutir decisiones públicas y cuestionar a instituciones que antes parecían inaccesibles. Al mismo tiempo, las plataformas facilitan la circulación de mensajes breves, descontextualizados y emocionalmente intensos, en los que la descalificación puede obtener más atención que el argumento razonado.
La dinámica de las plataformas puede favorecer la simplificación. Una publicación que ridiculiza al grupo contrario es fácil de compartir, mientras que una explicación compleja exige tiempo y atención. Las etiquetas ofrecen una respuesta inmediata: permiten clasificar al interlocutor y cerrar la discusión sin examinar sus razonamientos.
Pero no todo se reduce a la tecnología. Las plataformas amplifican comportamientos que también existen fuera de ellas. El desprecio por la posición económica, los prejuicios sobre la apariencia o el rechazo a quienes sostienen ideas diferentes preceden a las redes; el entorno digital puede reproducirlos, darles mayor visibilidad y convertirlos en símbolos de pertenencia.
Frente a esta dinámica, la responsabilidad es compartida. Los actores políticos pueden contribuir a elevar o degradar el tono del debate; las plataformas determinan en parte qué contenidos se amplifican; y cada usuario decide qué comparte, qué cuestiona y qué tipo de trato considera aceptable. Reducir la polarización no depende de silenciar la discrepancia, sino de evitar que se convierta en una competencia por humillar al adversario.
La pluralidad no consiste en que todos compartan las mismas ideas, consuman los mismos productos o pertenezcan a una misma clase social. Consiste en reconocer que esas diferencias pueden coexistir bajo condiciones de respeto e igualdad. La democracia necesita desacuerdos, alternativas y críticas; lo que no necesita es transformar cada discrepancia en una prueba de inferioridad moral.
Cuando el dinero encabeza las razones por las que las personas dicen sentirse juzgadas, cuando las opiniones políticas aparecen entre los motivos de discriminación y cuando ocho de cada diez participantes atribuyen un efecto negativo a ciertas etiquetas, el problema deja de ser exclusivamente lingüístico. Se trata de las formas en que construimos pertenencia y trazamos fronteras entre quienes consideramos parte de nuestro entorno y quienes colocamos fuera de él.
No toda diferencia es discriminación ni toda crítica representa intolerancia. Cuestionar privilegios, debatir decisiones públicas, señalar conductas injustas y defender distintas visiones del país son prácticas legítimas. La frontera se cruza cuando la crítica a una idea se convierte en desprecio por la persona; cuando una característica individual se utiliza para negar valor a todo un grupo; o cuando la identidad atribuida a alguien sustituye cualquier intento de comprenderlo.
El desafío tampoco consiste en fingir que las desigualdades no existen. La distancia entre ricos y pobres, los prejuicios relacionados con la apariencia y las diferencias en las oportunidades merecen discutirse abiertamente. Evitar el conflicto a cualquier precio solo escondería los problemas que deben resolverse. Lo importante es discutirlos sin convertir a las personas en caricaturas ni suponer que todo integrante de un grupo comparte las mismas responsabilidades, ventajas o convicciones.
El 97% que reconoce alguna división social y el 87% que percibe que la separación entre fifís y chairos tiene una presencia importante en la vida pública describen una sociedad consciente de sus fracturas. El hecho de que el 74% se haya sentido juzgado o menospreciado en algún momento añade una dimensión personal a esa percepción. Aunque estos porcentajes provienen de preguntas distintas y no deben sumarse ni interpretarse como una sola medición, en conjunto plantean una interrogante sobre la calidad de nuestra convivencia.
¿Podemos defender nuestras ideas sin asumir que quienes discrepan de nosotros son ignorantes, privilegiados, resentidos o moralmente inferiores? ¿Podemos reconocer las desigualdades sin reducir a nadie a su nivel económico? ¿Podemos discutir las diferencias políticas sin trasladar automáticamente el desacuerdo a las relaciones personales?
La respuesta a esas preguntas no depende de que desaparezcan las etiquetas del lenguaje cotidiano, sino de la función que les permitimos desempeñar. Si sirven para describir fenómenos concretos, pueden formar parte de una conversación legítima; si se utilizan para prejuzgar, excluir o humillar, se convierten en instrumentos que empobrecen la convivencia.
México no necesita que sus ciudadanos piensen igual; necesita que puedan pensar distinto sin dejar de reconocerse como iguales en dignidad. Ser fifí, chairo o no identificarse con ninguna de esas categorías no debería determinar el valor de una persona ni la legitimidad de su voz. Una sociedad plural se mide, en última instancia, por su capacidad para convivir con las diferencias sin convertirlas en excusas para discriminar.
